El sistema de transporte público de Tucumán ingresó en una semana decisiva marcada por la incertidumbre salarial, la discusión por el valor del boleto y una creciente tensión entre empresarios, trabajadores y dirigentes políticos. El próximo jueves 4 de junio aparece como una fecha determinante, ya que vence el plazo legal para que las empresas depositen los haberes correspondientes a mayo de los choferes y empleados representados por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
El escenario se complejizó luego de que el gremio rechazara la propuesta presentada por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), que planteó abonar los salarios en tres cuotas debido a la delicada situación financiera que atraviesa el sector.
La oferta empresarial contemplaba el pago de los haberes en tres tramos, previstos para los días 5, 12 y 19 de junio. Además, incluía un esquema de pago escalonado para el medio aguinaldo, distribuido entre los meses de junio, julio y agosto.
Tras una reunión realizada el viernes pasado en la sede de Aetat, empresarios y representantes sindicales acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta este lunes con el propósito de continuar las conversaciones y evaluar posibles alternativas que permitan destrabar el conflicto.
Sin embargo, desde la conducción de UTA dejaron en claro que no aceptarán una nueva postergación salarial y ratificaron su exigencia de que los haberes sean acreditados en tiempo y forma.
“El sueldo debe estar depositado hasta el jueves y en una sola cuota”, sostuvo el secretario general del gremio, César González, quien además recordó que el salario anterior ya había sido abonado de manera fraccionada, situación que, según afirmó, provocó numerosos inconvenientes económicos para los trabajadores.
Mientras tanto, desde el sector empresario insisten en que la actividad atraviesa una situación crítica y aseguran que la propuesta de pago escalonado responde a la necesidad de sostener la continuidad del servicio y preservar los puestos de trabajo.
El vicepresidente de Aetat, Jorge Berretta, reiteró que la estructura de costos actual vuelve prácticamente inviable el funcionamiento normal del sistema sin una actualización tarifaria. En ese contexto, cuestionó la demora del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán en avanzar con el tratamiento del pedido de incremento del boleto urbano.
Actualmente, la tarifa se encuentra fijada en $1.250, aunque las empresas sostienen que los estudios técnicos elaborados por el sector ubican el valor real del pasaje en torno a los $ 2.400.
Los empresarios también remarcaron que los aportes y subsidios otorgados por la Provincia continúan siendo fundamentales para evitar un mayor deterioro del sistema y garantizar la prestación del servicio.
La discusión tarifaria, sin embargo, ya comenzó a generar fuertes resistencias dentro del ámbito político. Los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos, ambos integrantes de la Unión Cívica Radical, expresaron públicamente su rechazo a cualquier incremento del boleto y cuestionaron la estrategia de las empresas.
“Está en marcha la coreografía de la suba del boleto y la amenaza a los trabajadores de pagarles el sueldo en diferido es la última carta. Nos quieren llevar de las narices a votar un aumento que no vamos a convalidar”, afirmaron los ediles.
De esta manera, el conflicto del transporte urbano suma un nuevo capítulo en el que convergen reclamos salariales, demandas empresariales y disputas políticas. Con el vencimiento del plazo para el pago de los salarios cada vez más cerca, las próximas horas serán determinantes para definir si las partes alcanzan un acuerdo o si la crisis del sistema deriva en nuevas medidas de fuerza y un agravamiento del escenario que afecta diariamente a miles de usuarios en San Miguel de Tucumán.
Fuente: Contexto