El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó este lunes una reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas culpables de asesinato terrorista, una medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian se aplicará en la práctica a palestinos residentes en Cisjordania y no a los ciudadanos judíos israelíes.
El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga (salvo excepciones sin definir) a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada encontrados culpables de ese delito, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla, reportaron el sitio DW y el diario Jerusalem Post y supo la Agencia Noticias Argentinas.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistió a la votación en el plenario de la Knéset y votó a favor de la reforma, promovida por el partido del ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir.
“Este es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. Se acabó la impunidad para los terroristas; ahora toca una decisión clara. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”, afirma Ben Gvir en un comunicado.
“La ley es populista, inmoral, no igualitaria”, condenó durante el debate de este lunes el diputado del partido opositor Yesh Atid (Hay Futuro) Matti Sarfatti, calificándola de “claramente inconstitucional”
La ley, aprobada tras casi 12 horas de debate, establece la pena de muerte por ahorcamiento como castigo por defecto para los residentes de Cisjordania condenados por actos terroristas por tribunales militares. Si bien los jueces pueden optar por la cadena perpetua en circunstancias especiales vagamente definidas, la pena de muerte sería obligatoria en otros casos.
La ley no se aplicará retroactivamente, ni siquiera a los autores de los atentados del 7 de octubre, para los que se está tramitando un proyecto de ley aparte.
La ley consagra de facto la pena capital exclusivamente para los palestinos, ya que excluye explícitamente a los ciudadanos o residentes israelíes, y solo los palestinos son juzgados en tribunales militares. Los israelíes son juzgados en tribunales civiles.
Si bien una disposición aparte permite a los tribunales imponer la pena de muerte a cualquier persona, incluidos los ciudadanos israelíes, solo se aplica a quienes “causen intencionadamente la muerte de una persona con el objetivo de negar la existencia del Estado de Israel”, una definición que en la práctica excluye a los terroristas judíos.