“A partir de la medianoche, ya no se podrá pedir la ciudadanía con las viejas reglas”, anunció este viernes el vicepremier y canciller de Italia, Antonio Tajani, con respecto a la nueva normativa para solicitar la ciudadanía de ese país europeo.
Es que el gobierno de Giorgia Meloni introdujo modificaciones importantes a la ley que regía desde 1992 y permitía tramitar el pasaporte italiano todos los descendientes de italiana de tercera o cuarta generación, por lo que se denomina “derecho de sangre”.
Gracias a esa norma, en la Argentina, que tiene la comunidad de inmigrantes italianos más importante fuera de ese país, 20.000 descendientes pudieron obtener la nacionalidad en 2023, elevándose a 30.000 en durante el año pasado, según datos oficiales.
Pero ahora todo ha cambiado y solo podrán obtener la ciudadanía “si se tienen hasta a abuelos italianos”, precisó Tajani. Es decir que solamente los hijos y nietos de personas nacidas en Italia podrán acceder a la ciudadanía de ese país, lo que limita el “derecho de sangre”.
Además, los ciudadanos italianos nacidos y residentes en el exterior ahora deben mantener “vínculos reales” con Italia, a través del ejercicio de los derechos y deberes al menos una vez cada 25 años.
En ese sentido, el canciller dijo que “el principio del derecho de sangre no será abolido y muchos descendientes de emigrantes podrán obtener la nacionalidad italiana”, aunque aclaró que “se pondrán límites precisos para evitar abusos o fenómenos de comercialización de pasaportes italianos”.
Tras señalar que “la reforma liberará recursos para hacer que los servicios consulares sean más eficientes, en la medida que podrán dedicarse en vía exclusiva a quien tiene una necesidad real y una relación concreta con Italia”, agregó que se revisarán procedimientos para hacer el trámite.
De esta manera, los residentes en el exterior ya no deberán acudir a los consulados sino a una oficina especial centralizada de la cancillería italiana, con el objetivo de que los trámites sean más eficientes y que los consulados se concentren en la erogación de servicios para quienes ya son ciudadanos y no en “crear” nuevos.