Las críticas que se emitieron desde el propio peronismo cuando Osvaldo Jaldo alineó su incipiente gestión como gobernador de Tucumán con el gobierno nacional, suenan cada vez más lejanas en la medida en que la provincia sigue sumando beneficios que resultan claves en medio de un contesto complicado de inflación y recesión que puso a varias administraciones comarcanas al borde del abismo
Aparte de la asistencia financiera de $ 32.000 millones que sumó Tucumán en marzo, para mantener a flote la actividad económica en medio de recortes sistemáticos, la Provincia se posiciona con ventajas para suscribir un convenio con la Nación que implicaría un alivio de unos $ 80.000 millones.
El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, aseguró que están avanzadas las conversaciones con la Casa Rosada para requerir una refinanciación de la deuda que la administración local afronta con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
“Estamos negociando una refinanciación. Yo creo que vamos por el buen camino, así que creo que prontamente vamos a poder anunciarlo”, afirmó el titular de la cartera económica, al cabo de una reunión ampliada que mantuvo este lunes en la Legislatura provincial.
A pesar de que algunos rumores apuntan a que ese acuerdo ya estaría cerrado, el también interventor del Ente único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán lo descartó. Pero al mismo tiempo resaltó un guiño que recibió la Provincia desde la Nación. “No está cerrado (el acuerdo), pero no nos están descontando lo que nos deberían descontar. Nos están descontando el capital, pero no los intereses”, manifestó.
Desde octubre, Jaldo viene tomando medidas para reducir el gasto público en pos del equilibrio fiscal, y pregonando el diálogo con la Nación en medio de fuertes políticas de ajuste con las provincias, lo que le valió ir quedando “aislado” entre los gobernadores peronistas.
Esta decisión arrojó réditos y en el verano gestionó la postergación del pago de ese compromiso financiero; en enero, significó un alivio de unos $ 7.700 millones. Así se compensó la reducción del giro de fondos de coparticipación federal de impuestos. Por esa razón, el Gobierno además pudo reunir los fondos necesarios para liquidar los sueldos de enero a los estatales, en medio de la puja con la Nación por la prohibición para usar giros bancarios al descubierto.
La tensión entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales creció en febrero, luego de que se diera a conocer que 11 provincias le deben a Nación casi $ 400.000 millones que se pagan con coparticipación, pasivos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial que fueron refinanciados y se pagan con descuentos del reparto automático de fondos.
Con una deuda de $ 120 millones, Chubut encabeza el ránking de deudores. Le siguen en ese escalafón Tucumán, Chaco con $ 63.450 millones y Salta con $ 55.975 millones. Entre esas cuatro provincias concentran el 80 por ciento de esos pasivos. También aparecen en la nómina, con montos menores, otras como Santa Cruz, Entre Ríos, Formosa, Catamarca, Tierra del Fuego, Misiones y Jujuy.
El Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial fue establecido por decreto presidencial en 1995, con el objetivo en ese entonces de “asistir a los Bancos de Provincia sujetos a privatización y fomentar la privatización de empresas provinciales”.