El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, vetó en forma total la ley que creaba un sistema permanente para medir el cumplimiento, la eficacia y el impacto de las normas provinciales, pese a que la iniciativa había sido aprobada por unanimidad en la Legislatura.
La decisión ingresó a la Cámara el 20 de agosto y convirtió una herramienta de seguimiento legislativo en un conflicto institucional dentro del propio oficialismo.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el rechazo fue instrumentado mediante el Decreto 1.939/14, firmado por Jaldo y el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado. El Poder Ejecutivo sostuvo que el diseño del Sistema de Monitoreo Post Legislativo excedía la función de control político de la Cámara e ingresaba en facultades de administración y ejecución reservadas al gobernador.
La propuesta vetada había nacido como expediente 83-PL-26 y fue presentada por la legisladora peronista Carolina Vargas Aignasse junto con representantes de distintos bloques. Su artículo primero disponía evaluar el grado de implementación, cumplimiento, eficacia, eficiencia, impacto y resultados de las leyes sancionadas por el Poder Legislativo.
El mecanismo también facultaba a requerir informes periódicos a los organismos encargados de ejecutar las normas y creaba un Laboratorio de Medición de Impacto integrado por tres legisladores. Esos puntos concentraron la objeción del Ejecutivo: para Jaldo, pedir información de manera sistemática y desarrollar tareas técnicas sobre la aplicación práctica podía transformarse en una interferencia sobre la gestión diaria.
El veto citó los artículos 3 y 101, inciso 3, de la Constitución provincial. El primero impide que un poder ejerza atribuciones conferidas a otro; el segundo reserva al gobernador la expedición de instrucciones y reglamentos necesarios para ejecutar las leyes. La Casa de Gobierno reconoció, en el mismo decreto, la legitimidad del control parlamentario, pero afirmó que la estructura elegida superaba ese límite.
La explicación jurídica no elimina el costo político. La ley había recibido el respaldo de todos los bloques en la sesión del 30 de julio, incluidos legisladores alineados con Jaldo. La autora pertenece al peronismo y preside la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, por lo que el veto no sólo contradijo a la oposición sino también a una iniciativa construida desde el espacio gobernante.
Durante el debate, los impulsores sostuvieron que muchas leyes quedan sin reglamentación o sin resultados verificables. Mencionaron como ejemplos normas vinculadas con adicciones, dislexia y juego responsable. La herramienta pretendía producir informes de seguimiento sobre esa distancia entre la sanción y la aplicación, sin reemplazar a los organismos ejecutores.
Jaldo no cuestionó que puedan existir leyes incumplidas ni propuso en el decreto un sistema alternativo de evaluación. Su decisión se concentró en la distribución constitucional de competencias. El resultado inmediato es que el mecanismo aprobado por la Legislatura no fue promulgado y que el seguimiento continuará dependiendo de pedidos de informes, comisiones y controles puntuales.
La oposición adelantó que buscará insistir con la norma, mientras algunos referentes del oficialismo comenzaron a revisar el voto que habían emitido en julio. Esa discusión todavía no produjo una nueva decisión de la Cámara. Tampoco existe un pronunciamiento judicial que determine si el proyecto era efectivamente inconstitucional: por ahora, esa es la fundamentación utilizada por el Poder Ejecutivo para ejercer el veto.
El expediente formalizó el 20 de agosto un choque entre Jaldo y una Legislatura que había actuado sin votos en contra. La ley de monitoreo quedó observada en su totalidad y el sistema destinado a medir la aplicación real de las normas no entró en vigencia.