El presidente Javier Milei logró esta semana dos avances legislativos de alto impacto político: la media sanción de la ley de modernización laboral y la aprobación en Diputados de la ley penal juvenil, que incluye la baja en la edad de imputabilidad. Se trata de iniciativas que, según el oficialismo, ningún mandatario había conseguido modificar desde 1983.
El resultado en ambas cámaras fue contundente. La reforma laboral obtuvo 42 votos en el Senado, mientras que el proyecto vinculado al régimen penal juvenil consiguió 149 votos en la Cámara baja. En la Casa Rosada consideran que se trata de un doble triunfo con fuerte carga simbólica y política.
La intención del Gobierno es que los textos aprobados en cada cámara no sufran modificaciones en la otra, ni siquiera a pedido del PRO u otros aliados parlamentarios. El objetivo es evitar que el trámite legislativo se dilate y poder exhibir ambas leyes sancionadas antes del 1° de marzo, cuando Milei inaugure el período de sesiones ordinarias del Congreso.
El Presidente aspira a llegar a esa fecha con las dos reformas consolidadas, como señal de gobernabilidad y de capacidad para construir mayorías en un Parlamento fragmentado. Después de un 2025 que le deparó varios tropiezos legislativos, el oficialismo busca mostrar que recuperó la iniciativa y que el Ejecutivo volvió a tomar el control de la agenda en el Congreso.
La negociación política fue clave. Una gestión definida como “eficaz y precisa” de Diego Santilli permitió destrabar conversaciones con los gobernadores y romper la inercia que trababa los proyectos. En paralelo, Santiago Caputo mantuvo diálogos con la CGT. Milei, según fuentes oficiales, asumió que para avanzar con una ley “definitoria” de su gobierno debía actuar con pragmatismo: negoció con todos los sectores, incluida la denominada “casta”, y priorizó el resultado final por encima de las diferencias discursivas.
El avance fue celebrado por cámaras empresariales, que ven en la modernización laboral una señal favorable para la actividad privada. En el oficialismo sostienen que se trata de “señales inequívocas” tanto hacia el sistema político como hacia los mercados.
El desafío pendiente: reactivar la actividad
Sin embargo, en el Gobierno admiten que los logros parlamentarios no alcanzan por sí solos para revertir el clima económico. La actividad no termina de despegar y ese es hoy el principal foco de preocupación de los industriales. La Unión Industrial Argentina volvió a plantearle el tema al ministro de Economía, Luis Caputo.
Los números reflejan esa tensión. La capacidad instalada de la industria trabaja al 53,8 por ciento. La inflación de enero se ubicó en 2,9 por ciento y en el rubro alimentos alcanzó el 4,1 por ciento. La canasta básica creció por encima del índice general.
Los salarios registrados continúan estancados: en 2025 aumentaron 28,8 por ciento frente a una inflación de 31,5 por ciento, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo. En el sector público, los ingresos quedaron 17 puntos por debajo del avance de los precios. Esa dinámica explica la debilidad del consumo y golpea en particular a la industria local.
Caputo es consciente del escenario. Por ahora, su estrategia prioriza mantener el dólar estable, recomponer reservas —el Banco Central compró más de 2050 millones de dólares desde que comenzó el año—, sostener el carry trade y avanzar con la apertura de importaciones.
En el equipo económico y en la Presidencia asumen que marzo será un mes clave y que deberán ofrecer una señal concreta a la población. Con hermetismo, evalúan distintas medidas. Entre ellas, la posibilidad de impulsar el crédito para las pymes como herramienta para dinamizar la actividad.
El Gobierno celebra la victoria legislativa y busca capitalizarla políticamente. Pero sabe que el verdadero examen se juega en la economía real, donde los indicadores todavía no acompañan el optimismo oficial.