La primera vez que a Cristina Kirchner le preguntaron por la nominación de Ariel Lijo a la Corte Suprema, en un ambiente de intimidad, respondió: “Lo puedo aceptar, pero no es mío”. En el Gobierno interpretaron la frase como una señal de condescendencia hacia los dos jueces que estaban nominados para el máximo Tribunal. Pero, al poco tiempo, supieron que la jefa del peronismo no respaldaría a Manuel García-Mansilla. Desde entonces, la Casa Rosada se encuentra en un laberinto. El reloj hace tic-tac. El 29 de este mes, Juan Carlos Maqueda cumplirá 75 años y deberá abandonar su sillón. La Corte tiene por delante fallos trascendentales. Entre ellos, la condena por corrupción y la prohibición para ejercer cargos públicos de la propia Cristina. Podría funcionar con tres miembros, pero debería haber unanimidad en los fallos. De lo contrario, habría que citar a conjueces. Ni Milei ni sus asesores quieren ese escenario.
Semanas atrás, voceros del Ejecutivo desmintieron -y luego tuvieron que asumirlo como una posibilidad concreta- que, por las trabas en las negociaciones y la falta de volumen parlamentario, podrían recurrir a un decreto para designar a ambos. Un nexo entre el Instituto Patria y la Casa Rosada le llevó la versión a Cristina para indagar qué posición adoptaría. No hubo respuesta o no fue lo suficientemente convincente. Le hicieron llegar entonces una nueva propuesta: que se aprobaran estos nombres y que, luego, se trabajara en la ampliación de la Corte a siete miembros. La promesa incluía que uno de esos nuevos candidatos fuera propuesto por ella y otro por el oficialismo.
Milei mantiene la idea original de que deben aprobarse los dos pliegos o ninguno. Pero el asunto se trabó en la Comisión de Acuerdos. El dictamen de Lijo, que en un principio parecía el más complicado, logró el apoyo del kirchnerismo y las nueve firmas necesarias para pasar al recinto de la Cámara alta. No así el de García-Mansilla. “Nadie lo va a firmar si no es seguro que luego sea aprobado el pliego en el recinto del Senado”, dicen los voceros de los bloques aliados de La Libertad Avanza.
Los recambios en la Corte son una obsesión para Milei. A Maqueda, por caso, le hubiera gustado seguir en su puesto. Podría hacerlo durante los próximos cinco años si lo volvieran a postular y el Senado aprobara su pliego. Pero, el 20 de marzo, el Gobierno le comunicó que no lo tenía en sus planes. El reemplazante sugerido, García-Mansilla, es un candidato que, para los oficialistas de paladar negro, cumple “genéticamente” con las condiciones para ser cortesano y tiene visiones del Derecho a tono con las premisas libertarias. Lijo presenta un perfil distinto, mucho más polémico. Pero Milei viene de declarar en The Economist que es “el único especialista en narcotráfico y terrorismo” y sostuvo que puede hacer una reforma judicial “desde adentro”.
El Gobierno no incluyó el nombramiento de los jueces en el temario que el vocero presidencial, Manuel Adorini, presentó el miércoles. En el círculo presidencial asumen que están frente a un problema. Hay quienes especulan que el primer día hábil del año, el 2 de enero -cuando el Congreso estaría en receso- podría salir el decreto para designar a Lijo y a García-Mansilla en comisión. Esa posibilidad está contemplada por el artículo 99 de la Constitución. Luego, cuando se retomen las sesiones ordinarias, el decreto puede o no ser ratificado por el Senado. Lijo dejó trascender que él no se sentiría cómodo con ese mecanismo, que lo obligaría a renunciar a su juzgado federal. “Que se la banque”, dice una alta fuente del Ejecutivo a Clarín. El kirchnerismo dejó trascender que no lo avalará.
Milei y Cristina mantienen desde hace varias semanas una guerra dialéctica por X. Eso no les impide hacer alianzas transitorias. La falta de quórum para tratar Ficha Limpia, por ejemplo, generó en ambos sectores un mismo festejo. Como el avance para eliminar las PASO. El PRO, en cambio, lo sufrió.
El miércoles, cuando la Policía paraguaya detuvo al senador Edgardo Kueider en un operativo aduanero en el puente que une Foz de Iguazú con Ciudad del Este porque llevaba 201.000 dólares y 646.000 pesos argentinos que no estaban declarados, Milei y Cristina volvieron a enfrentarse. Kueider fue en la lista junto a Alberto Fernández en 2019. “Es un kirchnerista”, dijo el conductor de La Libertad Avanza, pasando por alto que en los últimos tiempos se había acercado -y mucho- a ese espacio. La ex presidenta aprovechó. Sus referentes pidieron una sesión especial para removerlo.
“¿Lo van a dejar seguir siendo senador porque tienen miedo que hable?”, preguntó Cristina en la red social X. Nunca estuvo el pudor entre los atributos de la jefa. La Cámara de Casación viene de ratificar su condena a seis años de prisión por corrupción y, en esta misma semana, la Cámara Federal porteña resolvió reabrir el expediente por su presunto enriquecimiento ilícito entre 2010 y 2014 y la Corte Suprema confirmó que debe ir a juicio por el Pacto con Irán. Su paso por la presidencia dejó, además, al primer vicepresidente preso de la historia, Amado Boudou.
Aun así, los reflejos de Cristina son evidentes. La Casa Rosada entró en crisis cuando ella pidió la expulsión de Kueider. Si eso sucediera, la banca sería ocupada por una representante de La Cámpora, la entrerriana Stefanía Cora. La debilidad parlamentaria de origen por parte del oficialismo quedaría todavía más expuesta. Los votos se cuentan de a uno, como si fueran oro. Unión por la Patria pasaría a tener un bloque de 34, de 72 miembros en total.
El viernes por la noche, en Balcarce 50 se elucubraban distintas maniobras. La más fuerte: subir la apuesta y pedir que, si se trata la destitución de Kueider, también se aborde la situación judicial de todos los miembros de Diputados y del Senado con causas abiertas. El principal apuntado: Máximo Kirchner, investigado en la causa Hotesur y Los Sauces. Pero, junto al diputado, hay otros. El Gobierno podría difundir una lista con nombres y causas. La amenaza ya puso los nervios de punta de muchos legisladores.
La plata negra de la política no se agota ni en los Kirchner ni en Kueider. Ni por asomo. En los últimos días hubo burlas hacia el senador que viajaba a Paraguay. “Por lo menos a José López lo agarraron con nueve palos”, decía un viejo peronista, todavía con una banca en el Congreso. La detención de Kueider arrojó otras sospechas: ¿Alguien con mucho poder sabía de sus movimientos y colaboró para que cayera?
El Gobierno sigue a los saltos. No pudo lograr tranquilidad ni aun en la semana en que prácticamente desapareció la brecha cambiaria -que el tridente Alberto Fernández-Cristina-Massa dejó en 157%- y cuando, a casi un año del recambio de poder y de un ajuste brutal, las encuestas le deparan buenos números al primer mandatario.
Ayer, sábado, Milei decidió echar a Florencia Misrahi de la ex AFIP. Adorni explicó en X que fue por la modificación del régimen de streamers e influencers. Extraoficialmente se apuntó al salario de la funcionaria: cobraría más de 30 millones de pesos por mes. “No la vio”, decían en el círculo presidencial. Misrahi abandona su puesto sin haber hablado nunca cara a cara con Milei. Una de las tantas rarezas del modelo libertario, que tiene récord de funcionarios echados para el primer año desde el regreso de la democracia.
¿Podría haber más cambios? “Siempre. El que no se ajusta a lo que queremos ¡afuera!”, es la consigna que cae desde la cima del poder. Milei pule un ejército de leales rumbo a 2025. El miércoles, en el cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) respaldó a Daniel Parisini -más conocido como Gordo Dan- luego de que el influencer libertario, al lanzar la agrupación “Las fuerzas de cielo”, habló de “brazo armado” para defender a la actual administración, lo que pareció avalar las conjeturas sobre su eventual postulación el año próximo.
Esas conjeturas fueron alimentadas por Guillermo Francos, antes de su internación, la segunda en poco más de tres meses, ahora por una serie de estudios que tenía programados. La salud del jefe de Gabinete, de 74 años, inquieta a Milei, pero se extiende a diferentes estamentos de la política y el Círculo Rojo. Para muchos se trata del “último político” oficialista, con el que se puede conversar y al que, incluso, se le pueden hacer críticas. Francos es la voz más moderada de La Libertad Avanza. Pero la vorágine cotidiana de la gestión y la presión que sufre por parte de su familia podrían derivar en una salida anticipada.
Fuente: Clarín