A poco de asumir el gobierno, los equipos de juristas del presidente electo Javier Milei delinean los detalles finales para la ley ómnibus que enviarán al Congreso para avanzar en las reformas y la desregulación del Estado. Mientras Luis “Toto” Caputo y Santiago Bausili, futuros ministros de Economía y presidente del Banco Central, delinean los detalles finales de lo que será el nuevo programa económico tendiente a estabilizar la economía.
TN pudo saber que los equipos de técnicos jurídicos del presidente electo comenzaron a mirar el día después. La estabilización de la economía se dará en medio de una liberación de precios -que venían retrasados y se descongelaron de manera abrupta en las últimas semanas desde el balotaje a esta parte- que dejarán una inflación en niveles muy elevados para los primeros meses de 2023, y un nuevo tipo de cambio que permita sumar reservas en el BCRA.
Luego de la estabilización y en un esquema con tipo de cambio libre (a qué nivel flotará el peso contra el dólar aún es un misterio) se está analizando apelar a una de las anclas inflacionarias de los 90: generalizar la prohibición total de indexar los contratos.
Se trataría de reeditar el esquema aplicado en el gobierno de Carlos Menem tras la hiperinflación de 1990. En medio del nacimiento de la Convertibilidad se prohibió por ley cualquier ajuste de precios por inflación.
La idea fue que sobre la base de que una economía en paridad uno a uno (un peso igual a un dólar), ya no era necesario un mecanismo de actualización de los precios de los distintos factores de la economía.
La ley 23.928 prohibió en 1991 “la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios” en el marco de la convertibilidad.
El esquema estuvo rígido hasta 2002, tras la salida de la crisis que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa. Pero luego hubo flexibilizaciones a medida que la inflación se aceleró y los contratos quedaban absolutamente desfasados. Los alquileres, por caso, están regulados por un índice que elabora el BCRA, las cuotas de los créditos hipotecarios del Procrear también tienen una fórmula de actualización. Incluso la Justicia ha resuelto indexaciones en los balances de las empresas, entre otros.