El Gobierno nacional reforzó los controles relacionados con las Islas Malvinas para las empresas que busquen adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La medida fue establecida mediante el Decreto 868/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
Los proyectos deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren que ellos y sus empresas vinculadas no realizan ni realizarán actividades hidrocarburíferas prohibidas por la Ley 26.659.
Esa legislación establece sanciones para las compañías que exploren o exploten hidrocarburos sin autorización argentina en la plataforma continental nacional.
La misma exigencia fue incorporada a los procedimientos para obtener permisos de exploración y concesiones de explotación y transporte de hidrocarburos.
El decreto también designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659.
Cancillería tendrá intervención en la verificación de antecedentes y podrá actuar ante eventuales incumplimientos del régimen vinculado con actividades en áreas bajo disputa de soberanía.