Javier Milei no suele involucrarse en la rosca política. No le gusta, considera que es una pérdida de tiempo y que además lo obliga a dialogar con personas con las que en su mayoría no coincide. Tanto menos le interesa el minuto a minuto del poroteo de votos que surge en torno al Congreso ante cada reforma que impulsa su administración. Prefiere marcar el objetivo y, para evitar sorpresas, los puntos que considera innegociables y deja que del resto se encarguen los interlocutores que elige con la oposición, que a lo largo de estos más de dos años han cambiado varias veces. Pero, al cabo de una semana frenética, en la que celebró como pocos logros de su gestión el acuerdo comercial con Estados Unidos y volvió a despotricar contra los medios de comunicación y periodistas, el Presidente dejó clara su posición: quiere que la reforma laboral salga antes del 1 de marzo, cuando debe desembarcar en el Congreso para la apertura de sesiones ordinarias, y que no descarta ninguna carta en la negociación para asegurarlo.
En la previa al debate en el Senado, donde La Libertad Avanza confía en superar con claridad los 37 senadores para garantizar el quórum y la mayoría absoluta, y atento a las versiones periodísticas que dieron cuenta de que los plazos conspiran contra el oficialismo, Milei dejó saber a sus principales espadas políticas su intención de apurar el trámite en Diputados. Incluso si para lograrlo debe abrir a algunos cambios reclamados por la oposición. Acaso por eso Patricia Bullrich haya avisado que el texto final recién se conocería el miércoles.
“Es clave tener la ley en febrero, sería una señal de gobernabilidad importante y un símbolo de poder para que el Presidente vaya al Congreso desde otro lugar”, razonó una alta fuente del Ejecutivo al tanto de la expectativa del mandatario. En el Senado, con la convocatoria a la sesión firmada por representantes de 44 legisladores, el camino parece estar allanado, pero cerca de Milei saben que de lo que se negocie allí dependerá la suerte del proyecto en Diputados, porque a pesar de los plazos apremian por los feriados de carnaval, con un amplio apoyo el trámite podría acelerarse.
“Está a la altura de lo que fue la Ley Bases”, reforzó, al describir el nivel de trascendencia que tiene la iniciativa para el jefe de Estado.
Quienes lo escucharon en los últimos días aseguran que incluso si tiene que resignar el capítulo de Ganancias pero los gobernadores garantizan que la ley sale en Extraordinarias, firma sin dudarlo. “Es pragmático y bilardista”, recordó uno de sus funcionarios de mayor confianza. De ahí que, como contó Clarín días atrás, varios de sus colaboradores ya habían empezado a trabajar con esta premisa, para ablandar a los más duros en la negociación y para que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, afine el lápiz y afloje su pretensión de reducir el impuesto que implicaría en una merma de 3 billones de pesos en la coparticipación para las provincias.
Para el Gobierno, en su recelo por respetar a rajatabla el déficit cero, tampoco significaría un revés insalvable aceptar la eliminación del capítulo de Ganancias, anexado a posteriori al texto original de la reforma laboral. Es que los datos de recaudación de enero que se conocieron esta semana mostraron una caída en términos reales en relación al año pasado y una retracción por sexto mes consecutivo.
El vínculo con las provincias
Esta semana los gobernadores mostraron su compromiso con la Casa Rosada para desactivar una convocatoria que habían hecho sus pares kirchneristas en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el fin de complicar al Gobierno.
En tándem con Patricia Bullrich, el ministro del Interior, Diego Santilli, montó un operativo y logró vaciar la reunión al conseguir los faltazos de Ignacio Torres (Chubut), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).
Este último, también con excelente vínculo con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no dudó en desairar otra vez al kirchnerismo y fue elogiado desde el Gobierno, al menos en privado.
Algo similar ocurrió con Gustavo Sáenz. Aunque en la Casa Rosada siempre se esfuerzan por aclarar que todo comentario positivo hacia el salteño es circunstancial porque hasta último momento no se sabe qué van a hacer sus diputados: “Es una calesita política, siempre da una vuelta más”, explican.
En cambio, los gobernadores aliados como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) trabajaron activamente para que no haya una foto conjunta dado que apoyan la reforma laboral, a pesar de que el Gobierno todavía no les confirmó los pedidos que hicieron.
Por ahora hay una sola certeza: nadie negociará en nombre de Milei ninguna compensación ni fondos frescos para los gobernadores a cambio de ese alivio para las pymes. “Se saca el capítulo completo o en el peor de los casos se hace una rebaja progresiva, pero no hay plata para nadie”, es la aclaración.
El apuro del Gobierno por tener la reforma laboral se explica también en la convicción de que el proyecto será judicializado y que la batalla sobre su constitucionalidad llegará para quedarse en la Argentina. Con el fuero laboral cooptado por el kirchnerismo, Milei confía en que esa discusión sea zanjada rápidamente por la Corte Suprema de Justicia. Nada mejor que reiterarlo el 1 de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias, cuando los cortesanos estén en el Congreso, escuchándolo.