La limitación a seis meses de los contratos de empleados del Estado mayores de 65 años sin los aportes necesarios para jubilarse, anunciada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, comandado por Federico Sturzenegger, los obligaría a pasar a la PUAM.
Actualmente, ese programa equivale al 80% del haber jubilatorio mínimo y asciende a $279.443, estableció la Agencia Noticias Argentinas.
Si bien incluye cobertura de salud a través del Pami, no otorga derecho a pensión por fallecimiento ni los beneficios completos de una jubilación contributiva.
La resolución establece que, para renovar estos contratos, los organismos deberán presentar de manera obligatoria la constancia de intimación a jubilarse, en los casos en que tengan más de 30 años de aportes al sistema previsional.
Los contratados (no permanentes) representaban el 12,7% del total de la planta hacia fines de 2024; sumaban cerca de 58 mil, aunque ese número descendió por la no renovación de contratos.
Una porción de los trabajadores alcanzados por la medida no reúne los requisitos legales para acceder a una jubilación ordinaria, lo que los dejaría sin empleo y sin posibilidad de alcanzar esos aportes.
Por otra parte, en total, casi 1.100.000 jubilados en Argentina continúan activos laboralmente, un 19% del total y un 60% más que hace una década.
Sin excepciones
Se aplica incluso en áreas donde el trabajador es el único técnico con experiencia específica o en dependencias con dotaciones por debajo del mínimo necesario para funcionar.
Hace algunos meses, por Resolución 3/2023, habían sido intimados a jubilarse 10.000 empleados públicos si cumplían las condiciones, de los cuales más de 6.800 corresponden a planta permanente.
Es en el marco de modificaciones estructurales del sistema previsional.
La dotación total de personal en la Administración Pública Nacional (APN) cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, tras una reducción interanual del 7,2% impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Fueron recortados aproximadamente 63.234 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 18,4% en la planta de personal del Sector Público Nacional. Es decir, casi 80 (79,84) personas por día, según el Centro CEPA.
En términos absolutos, las empresas y sociedades del Estado concentraron la mayor cantidad de despidos, seguidas por los organismos descentralizados y los centralizados.
En términos proporcionales, el ajuste golpeó con más fuerza a la administración centralizada, revelando un vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo.
Moratorias
Desde hace un año, el Poder Ejecutivo comenzó por resolver no prorrogar la moratoria previsional prevista en la ley 27.705, que permitía jubilarse a quienes no completaron los 30 años de aportes mediante la regularización de períodos no aportados.
Durante 2024, seis de cada diez jubilaciones se otorgaron a través de ese mecanismo, por lo que su eliminación anticipa un impacto social significativo, según datos oficiales.
El secretario general de la ATE nacional, Rodolfo Aguiar, tildó de «cruel e inhumana» la decisión del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de no renovar más allá de los seis meses los contratos de trabajadores mayores de 65 años que no alcanzan los 30 años de aportes, dejándolos sin la posibilidad de acceder a los beneficios del sistema previsional.
«Esta decisión condena a los trabajadores a quedarse sin trabajo, sin obra social y fundamentalmente sin la posibilidad de jubilarse. En este momento el Gobierno presiona a los trabajadores con 29 años de aportes para que elijan entre una Puam o la calle», indicó el referente estatal.
El dirigente sindical también vinculó esta decisión con otras políticas oficiales que impactan sobre el empleo estatal.
“A esto se suma la amenaza de recortar un 20% de la Jefatura de Gabinete, la falta de convocatoria a paritarias y salarios cada vez más deteriorados”, enumeró Aguiar, y advirtió que el Gobierno “acumula medidas contrarias a los intereses de los trabajadores”.