Luego del rechazo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York al pedido de reconsideración del fondo Burford, el Gobierno confía en que la Corte Suprema de Estados Unidos desestime cualquier apelación y apunta a cerrar definitivamente el juicio por YPF a fin de año.
Si bien el fondo inglés todavía no recurrió al máximo tribunal norteamericano, entre los principales estrategas legales del Gobierno dan por sentado que lo hará próximamente. “Tienen 90 días para hacerlo”, explicaron a este medio.
Sin embargo, fuentes oficiales enfatizaron que el Ejecutivo confía en que la Corte Suprema va a desestimar el caso, por lo que a fin de año —tras dos o tres meses de análisis— podría llegar una decisión definitiva en los Estados Unidos. La eventual decisión daría por concluido un largo proceso judicial por la expropiación de la petrolera nacional que inició en 2015 y que ponía en juego una condena por US$16 mil millones.
La mirada del Gobierno en este punto coincide con los propios analistas de Burford, que al momento de presentar sus resultados trimestrales ante los accionistas había admitido que “la probabilidad de obtener más recursos en los tribunales estadounidenses es baja desde un punto de vista estadístico”.
Esa premisa se apoya en que la Corte norteamericana toma un promedio de entre 70 y 100 casos por año, todos de interés federal para Estados Unidos.
Sin embargo, en el Gobierno insisten en mantener una postura cautelosa, ya que el proceso continúa abierto ante un eventual reclamo de Burford frente al Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
En ese escenario, el fondo inglés había señalado en su momento que “el arbitraje es un proceso que dura varios años (un caso promedio del Ciadi dura 4,4 años), pero es totalmente capaz de alcanzar el mismo resultado que un tribunal de primera instancia estadounidense”.
A su vez, enfatizó que en ese tribunal el 86% de las 51 demandas arbitrales entre inversores y Estados presentadas contra la Argentina se resolvieron a favor de los primeros.
Sin embargo, tras el fallo favorable ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York de este martes, la Procuración del Tesoro que conduce Sebastián Amerio enfatizó que “la decisión del tribunal, que niega la solicitud de revisión del fallo por el pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones, constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”.
En el mientras tanto, el cuerpo de abogados del Estado continúa al frente de otras causas sin resolver, como el litigio por el Cupón PBI en Londres por 1330 millones de euros. A la par, el Gobierno aguarda la aprobación en el Congreso para avanzar con el acuerdo por US$171 millones con los fondos Bainbridge y Attestor por el default de 2001. El tema se tratará este jueves en el Senado.