La Argentina y Estados Unidos avanzaron con un nuevo convenio de cooperación que apunta a agilizar los procesos aduaneros, reforzar los controles y mejorar el intercambio de datos sensibles sobre operaciones de comercio exterior.
El acuerdo fue firmado en Washington por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), en un paso que el gobierno de Javier Milei considera central para la modernización del sistema.
“Firmamos un convenio de cooperación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), un paso clave para profundizar la modernización, la digitalización y la automatización de los procesos aduaneros entre ambos países”, señalaron en el organismo tributario.
La rúbrica tuvo como protagonistas al titular de ARCA, Juan Pazo, y al director general de Aduanas, Andrés Veliz, quienes encabezaron la delegación argentina. Por la contraparte estadounidense participó el subcomisionado Ejecutivo Adjunto del CBP, Donald R. Stakes.
En la comitiva local destacaron que el entendimiento permitirá “fortalecer la coordinación bilateral, potenciar la detección temprana de amenazas y combatir delitos transnacionales”, además de alinear los procedimientos nacionales con los estándares de la Organización Mundial de Aduanas.
El convenio incluye un esquema de cooperación técnica y operativa que, según ARCA, ayudará a reducir tiempos logísticos, mejorar la competitividad del sector privado y avanzar hacia una Aduana totalmente digital, sin trámites presenciales ni documentación en papel.
El acuerdo se suma a otros compromisos bilaterales adoptados recientemente para facilitar inversiones y promover un marco de mayor transparencia en el flujo comercial. Entre los puntos figura el intercambio de información vinculada al mercado de soja, una medida que el Gobierno ya había comunicado a distintos actores exportadores.
En el marco de los entendimientos difundidos por la Casa Blanca, ambos gobiernos también se comprometieron a cooperar en materia de minerales críticos y a coordinar acciones destinadas a estabilizar el comercio global de soja. Esa referencia reactivó las consultas sobre un eventual “tax holiday”, un concepto mencionado por funcionarios estadounidenses en relación con los incentivos fiscales para el sector agrícola.
Este capítulo volvió a tomar relevancia tras la decisión del Gobierno argentino, a fines de septiembre, de establecer retenciones cero para los principales cultivos, con un cupo de US$7000 millones. La medida tuvo vigencia de menos de tres días, pero su anuncio coincidió con las negociaciones por un swap de US$20.000 millones con Estados Unidos, lo que generó inquietud entre productores estadounidenses.
Desde algunos sectores agroexportadores locales observan con atención la presión estadounidense, mientras el canciller Pablo Quirno insiste en que no hay condicionamientos externos en materia impositiva.
La cooperación aduanera entre ambos países tiene antecedentes que se remontan a los años 90. Estados Unidos mantiene una Unidad de Transparencia Comercial que analiza patrones globales e identifica posibles maniobras de lavado a través del comercio (TBML).
Ese sistema se alimenta de información provista por unidades similares de distintos países, con las que realiza comparaciones y alertas. Según trascendió, se podría introducir una cláusula que obligue al Gobierno argentino a anticipar eventuales reducciones de retenciones, como ocurrió con el anuncio de septiembre.