Los preocupantes índices de pobreza e indigencia que impactan a Argentina siguen siendo una de las principales inquietudes sociales y económicas de la nación. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) del primer semestre de 2024, más del 50% de la población residía en condiciones de pobreza, mientras que el 18,1% se encontraba en circunstancias de indigencia. El panorama ha agravado aún más para los niños y niñas menores de 14 años: dos de cada tres han crecido en hogares que no logran satisfacer sus necesidades fundamentales.
Las estimaciones del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, vinculado al Ministerio de Capital Humano a nivel nacional, para el tercer trimestre de 2024 anticipan que la pobreza por ingresos llegará al 38,9%, mientras que la indigencia permanecerá en un 8,6%. De acuerdo con el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, estos datos son prácticamente iguales a los registrados durante el mismo lapso de 2023, lo que evidencia una crisis estructural persistente.
En su último informe «Mirada sobre panorama social y desafíos estructurales», la organización Techo Argentina señaló que la desaceleración de «la inflación ha tenido un impacto positivo en la capacidad de compra de los sectores más vulnerables». En particular, de acuerdo con el análisis, «la inflación en alimentos, que es crucial para las canastas de pobreza e indigencia, fue menor que la inflación general, y las transferencias sociales, como la Asignación Universal por Hijo, contribuyeron a mitigar los efectos de la crisis».
«Sin embargo, estos avances no son suficientes por sí solos. Es imprescindible que se acompañen con una inversión significativa en infraestructura social y comunitaria para lograr una reducción real y sostenida de la pobreza», advirtió.
Una crisis de carácter estructural
Techo destacó que, en las últimas tres décadas, el índice de pobreza en Argentina nunca ha bajado del 25%. Esta información no solo es preocupante debido a los problemas económicos que ocasiona, sino también por el núcleo estructural de individuos que se mantienen confinados en ese sector. «La medición tradicional de la pobreza por ingresos sólo refleja una parte del problema, que se extiende a una serie de condiciones de vida precarias y excluyentes», explicó.
En la nación se encuentran 6.467 barrios populares, en los que residen cerca de 1 millón de familias que no tienen acceso a servicios esenciales como agua, gas o cloacas. Además, el 70% de estas zonas están próximas a fuentes de riesgo medioambiental, tales como basurales y cuerpos de agua contaminados, lo que incrementa aún más su vulnerabilidad.
Esta circunstancia demanda una respuesta completa que tome en cuenta la planificación de la ciudad, la prestación de servicios fundamentales y la creación de puestos de trabajo de alta calidad. El desarrollo sostenible y la igualdad de oportunidades requieren políticas públicas de largo alcance que superen las soluciones temporales, consignó.
El desfinanciamiento
La falta de financiamiento para la política de integración social y urbana en 2024 presentó un panorama aún más crítico. Por primera vez desde su creación, el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) sufrió un recorte significativo. A través del Decreto 193/2024, el gobierno de Javier Milei redujo la asignación de fondos provenientes del Impuesto PAIS, del 30% al 0,3%, lo que afectó directamente a los barrios populares. Esta herramienta, reconocida internacionalmente, había sido pionera en la región y clave para la implementación de la Ley 27.453.
El desfinanciamiento del FISU ha paralizado más de 1.000 obras de integración socio-urbana, poniendo en riesgo cerca de 25.000 empleos y dejando a miles de familias sin acceso a garantías básicas como vivienda digna, agua potable, cloacas y electricidad.
«La falta de inversión abre la puerta a actores ilícitos como el narcotráfico, que aprovechan la situación para ganar terreno en los sectores más vulnerables. Además, la interrupción de estas obras retrasa la mejora de las condiciones de vida en los barrios populares, no solo a nivel material, sino también social, al frenar la creación de empleo local y el fortalecimiento del tejido comunitario», consideró el informe.
Desafíos
Techo destacó que abordar la pobreza en Argentina de manera efectiva requiere una estrategia que combine estabilidad macroeconómica con una política de integración socio-urbana sostenible. Esta debe ser una política de Estado, que no dependa de los cambios de gestión y que priorice la inversión pública en los territorios donde los mecanismos de mercado no aseguran el acceso a derechos fundamentales.
Como alternativa, planteó que es esencial fortalecer la cooperación entre municipios, provincias y la Nación, con un enfoque tanto local como federal.
«La inversión en los barrios populares no sólo atiende una emergencia habitacional, sino que representa una oportunidad para generar desarrollo y equidad. Para que la libertad sea posible y real, es fundamental garantizar un piso mínimo de necesidades satisfechas: un lugar digno para vivir, agua potable, calles por donde transitar y acceso a servicios esenciales. Construir este piso básico no es solo una tarea urgente, sino una responsabilidad colectiva que el país debe asumir con la mayor celeridad», finalizó el análisis. /La Gaceta