El interventor de la Caja Popular de Ahorros, Guillermo Norry, junto al subinterventor Antonio Bustamante, encabezaron una conferencia de prensa en la que confirmaron la presentación de una denuncia penal por una presunta “asociación ilícita” en torno a la millonaria demanda del exjugador de San Martín, Adrián Arregui. La causa, según advirtieron, podría implicar un perjuicio superior a los $1.400 millones para el Estado provincial y expone un entramado de irregularidades que ahora está bajo investigación judicial.
Durante la exposición, las autoridades fueron categóricas: “este jugador no tiene póliza con la Caja Popular”, afirmaron, al tiempo que remarcaron que el propio club San Martín reconoció formalmente que los futbolistas nunca estuvieron incluidos en el sistema de ART del organismo. Ese dato, clave para la defensa, deja en evidencia que no existiría relación contractual que justifique el reclamo indemnizatorio.
El caso, sin embargo, no se limita a una discusión administrativa. Según detallaron, la denuncia apunta a un posible entramado entre el demandante, profesionales médicos y actores vinculados al proceso judicial, que habría permitido sostener un reclamo millonario sin respaldo legal. La figura elegida para la presentación fue la de asociación ilícita, lo que eleva la gravedad institucional del hecho.
Detrás de la decisión de avanzar penalmente hay un dato alarmante: un informe interno de la propia Caja, fechado el 13 de marzo de 2026, advertía que el organismo estaba al borde de una “sentencia condenatoria inminente” por más de $450 millones, que podía escalar hasta superar los $1.200 o incluso $1.400 millones con intereses y actualizaciones.
La denuncia penal también se centra en la gestión anterior que contrató al estudio jurídico Iezzi y Varone Asociados en Buenos Aires, por haber dejado a la CPA en una «indefensión total» al no responder la demanda ni presentar la falta de competencia de jurisdicción. «Nos parece muy raro e irregular que un estudio jurídico del prestigio de Iezzi y Varone Asociados no conteste demanda y la justificación es que por un error involuntario», señalaron las actuales autoridades de la Caja, sugiriendo una posible connivencia entre las partes.
A esto se suma una de las contradicciones más fuertes del caso. Mientras un informe médico le habría otorgado al jugador un 45% de incapacidad —clave para calcular la indemnización—, desde la Caja recordaron que el futbolista continuó su carrera profesional y compitió a nivel internacional poco tiempo después de iniciado el reclamo, lo que pone en duda la veracidad de esa evaluación.
El origen del conflicto se remonta a una lesión sufrida en 2019, tras la cual el jugador volvió a la actividad en un corto plazo. Sin embargo, años después inició una demanda laboral en la provincia de Buenos Aires, lo que también abrió interrogantes sobre la jurisdicción elegida para litigar el caso.
En paralelo, la investigación interna permitió detectar que no se trata de un hecho aislado. Según los informes analizados, existirían otros reclamos de futbolistas en condiciones similares, es decir, sin haber estado asegurados por la Caja, lo que podría multiplicar el impacto económico para las arcas provinciales.
La estrategia de la actual intervención es clara: por un lado, frenar el avance del juicio laboral que tiene audiencia prevista para fines de abril; por otro, avanzar con la investigación penal para determinar responsabilidades. En ese sentido, ya notificaron formalmente a San Martín de Tucumán y advirtieron que, si existe una condena, ejercerán el derecho de repetición contra el club para recuperar los fondos públicos comprometidos.