La Confederación General del Trabajo (CGT), acudió a la Justicia para intentar frenar el decreto de necesidad y urgencia del Gobierno que limita el derecho a huelga. La central gremial presentó una acción de amparo sindical solicitando declarar la invalidez constitucional del DNU.
El pasado miércoles 21 de mayo, el Gobierno publicó un DNU con el que busca ampliar las actividades consideradas esenciales, incorporando al transporte de cargas y personas, la educación y los servicios de telecomunicaciones, y les impuso la obligación de garantizar la prestación del 75% de los servicios en caso de una medida de fuerza. En la práctica implica limitar el derecho a huelga.
Además, en uno de los artículos, el decreto crea la figura de actividades consideradas de importancia trascendental, que abarca los sectores más diversos, y al que le impone la obligación de mantener un mínimo de la 50% de la prestación en las jornadas de huelga. Entre las actividades alcanzadas en ese parámetro figuran los principales rubros industriales (alimentación, metalúrgica y la construcción), el funcionamiento de los bancos, los comercios y locales gastronómicos y todos los sectores vinculados a la exportación.
El co-titular de la CGT, Héctor Daer se había reunido en Casa Rosada con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, con la excusa formal de analizar un cambio en las prestaciones del Hospital Naval, aunque le había anticipado que a comienzos de la semana la central obrera iría a la Justicia.
Entre los fundamentos del amparo, la CGT sostuvo que el DNU del Presidente reglamenta de manera restrictiva el derecho de huelga, ampliando arbitrariamente la lista de actividades consideradas “servicios esenciales” e imponiendo niveles mínimos de prestación (del 75% al 50%) que, plantearon, en los hechos imposibilitan el ejercicio legítimo de las medidas de fuerza.
Por otra parte, la central subrayó que la medida viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas con jerarquía constitucional que garantizan la libertad sindical y el derecho a la huelga.
Además, apuntaron contra el instrumento que se utilizó, el DNU. «Fue dictado sin que se verifiquen los requisitos de necesidad y urgencia que exige el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional, en un contexto de funcionamiento normal del Congreso Nacional. La reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto», apuntó la CGT.
También argumentaron que el derecho a la huelga es esencial para equilibrar el poder en la negociación colectiva. «Su limitación debilita la capacidad de acción sindical y consolida relaciones laborales desiguales», añadieron.
Por estos motivos, solicitaron una medida cautelar de no innovar para suspender de forma inmediata la aplicación de los artículos 2° y 3° del DNU 340/2025.
La central de trabajadores sostuvo que apuntan con esto «evitar perjuicios irreparables al movimiento obrero y preservar el pleno ejercicio de los derechos sindicales mientras se resuelve el fondo del planteo».