La paralización de la planta Snack Cracks en la ciudad de Concepción volvió a encender señales de alarma en el sur de Tucumán, en medio de un conflicto que combina reclamos vecinales, exigencias técnicas y decisiones administrativas que aún no logran encauzarse.
La medida, dispuesta por la Municipalidad, mantiene a la empresa sin actividad y deja en suspenso más de 70 puestos de trabajo.
El establecimiento, perteneciente al empresario Juan Pablo Romero, ya había atravesado una clausura previa. En aquella oportunidad, según indicaron fuentes vinculadas al caso, se le requirió la instalación de un sistema de filtrado destinado a reducir los olores generados por la producción.
Desde la firma aseguran haber realizado la inversión correspondiente, aunque sostienen que no se les permitió poner en funcionamiento el nuevo equipamiento antes de que se ordenara una nueva intervención, esta vez sin un plazo claro para su levantamiento.
La falta de definiciones concretas terminó por escalar el conflicto, que en los últimos días llegó a la órbita de la Dirección de Comercio Interior. Allí tomó intervención el funcionario Manuel Canto, quien mantuvo un encuentro con Romero y su representante legal, Franco Lucena.
Tras la reunión, surgió la necesidad de abrir un canal de diálogo con autoridades municipales y concejales, en un intento por encontrar una salida que permita reactivar la actividad.
El caso comenzó a trascender el ámbito local y ya genera inquietud en niveles más altos del Gobierno provincial. De acuerdo con versiones extraoficiales, la situación podría ser analizada por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Regino Amado, en un contexto donde la preservación del empleo en el interior se presenta como una prioridad.
Mientras tanto, la incertidumbre crece en Concepción. El conflicto no sólo mantiene paralizada a la empresa, sino que además despertó el interés de otras ciudades del sur tucumano, que ya evalúan la posibilidad de captar la inversión en caso de que la firma decida relocalizarse.
La controversia expone un dilema de fondo: el equilibrio entre los controles regulatorios y la necesidad de sostener la actividad productiva. En ese punto, el caso Snack Cracks se convirtió en un ejemplo concreto de cómo la falta de consensos y definiciones puede derivar en consecuencias directas sobre el empleo y el desarrollo económico regional.
Fuente: Contexto