La guerra en Israel puede tomar un nuevo rumbo después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, le ordenó a Israel que autorice el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y que haga “todo lo que esté a su alcance” para evitar un genocidio.
Israel debe tomar “medidas inmediatas y eficaces para permitir el suministro de servicios básicos y de ayuda humanitaria que los palestinos necesitan urgentemente para hacer frente a las condiciones de vida desfavorables que enfrentan”, dictaminó la CIJ en su fallo, originado en una denuncia por “genocidio” presentada por Sudáfrica.
La jueza Joan E. Donoghue expuso en una lectura pública que la CIJ tiene jurisdicción sobre este caso, avalando que Sudáfrica pueda demandar a Israel por presunta violación de la Convención sobre el Genocidio y que el litigio pueda seguir adelante. Donoghue afirmó que se está produciendo una “tragedia humana” en Gaza y dijo que la CIJ está “profundamente preocupada” por el alto número de muertes.
En ese sentido, expuso algunas de las cifras brindadas por las autoridades locales, así como declaraciones de agencias de la ONU para dar cuenta de la “devastación” que sufre la Franja de Gaza desde hace más de 100 días.
Entre las cuestiones confirmadas por los jueces en este primer análisis, figura que algunas de las acusaciones presentadas contra Israel entran dentro de la Convención sobre Genocidio y que, conforme a dicho tratado, los palestinos tienen derecho a una protección como grupo.
Las medidas cautelares contemplan, además, que Israel deberá informar a la corte en el plazo de un mes de los pasos que ha dado para cumplir con las órdenes de hoy, que son de cumplimiento obligatorio, informó la agencia de noticias Europa Press.
El inicio de la denuncia y su aplicación
Sudáfrica presentó su demanda contra Israel a fines de diciembre, bajo la premisa de que podía estar cometiéndose un “genocidio” en la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 26.000 personas, según los datos difundidos hoy por el Ministerio de Sanidad gazatí.
A la espera de que el tribunal con sede en La Haya se pronuncie en un futuro sobre el fondo de la cuestión, Sudáfrica pidió la imposición de medidas provisionales, y los jueces han coincidido en que la situación en Gaza, que ya es “catastrófica”, puede deteriorarse aún más antes del veredicto final.
Para Israel se trata de una denuncia “infundada”, una tesis que comparte con su principal aliado internacional, Estados Unidos.
En este sentido, la defensa israelí acusó a Sudáfrica de presentar una versión “profundamente distorsionada” de la realidad y justificó que la ofensiva es necesaria para erradicar una “amenaza existencial”.
La CIJ forma parte de la estructura de la ONU y sus sentencias son jurídicamente vinculantes para todos los Estados miembro de la organización.
Sin embargo, carece de herramientas propias para que se apliquen, lo que ha provocado que por ejemplo Rusia no acatase la orden de parar la agresión sobre Ucrania que el tribunal emitió semanas después del inicio de la ofensiva en febrero de 2022.
Al contrario de lo que ocurre con el Tribunal Penal Internacional (TPI), no juzga a personas a título individual, sino que dirime disputas entre Estados, como es el caso de la demanda de Sudáfrica contra Israel sobre la que se ha pronunciado hoy.
El caso está todavía en una fase inicial y puede demorarse durante años hasta una sentencia en firme, no recurrible.