Más de 20 estados de Estados Unidos presentaron una demanda en un tribunal federal de Rhode Island en la que exigen a la administración Trump liberar cerca de 6.800 millones de dólares en fondos federales para Educación.
Mientras esto ocurría, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la administración Trump para que siga adelante con sus planes para desmantelar el Departamento de Educación, después de poner en pausa una orden preliminar emitida en mayo por un juez de distrito.
En un fallo de emergencia de tres votos contra seis, la Corte Suprema suspendió la orden del juez de distrito encaminada a reincorporar al trabajo a los empleados afectados por despidos masivos.
El 22 de mayo, el juez de distrito con sede en Boston, Myong Joun, ordenó a la administración Trump reincorporar al trabajo a los cerca de 1.400 empleados afectados por los despidos masivos del departamento.
De acuerdo con la demanda de los estados, los fondos estaban destinados originalmente a apoyar la educación de trabajadores agrícolas migrantes y sus hijos, reclutamiento y capacitación de maestros, aprendizaje del inglés, enriquecimiento académico, programas extraescolares y de verano, alfabetización para adultos ycapacitación de preparación para el empleo.
La demanda señala que el Gobierno está obligado a distribuir los fondos en los estados para el 1 de julio, aseveró, según el informe de la agencia de noticias Xinhua.
Sin embargo, el 30 de junio, el Departamento de Educación notificó a los estados que no otorgaría subvenciones para esos programas para la fecha límite establecida y citó como motivo el cambio en la dministración.
Los quejosos señalaron que la administración Trump congeló el financiamiento sin proporcionar una justificación suficiente, lo que afectó significativamente las operaciones de las escuelas y condujo a cancelar o a poner en situación de riesgo muchos programas extraescolares o de verano.
La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca afirmó que las subvenciones en educación se encuentran sometidas a una “continua revisión programática”.