La jornada del martes marcará un punto decisivo para el Poder Judicial de Tucumán: los cinco vocales de la Corte Suprema de Justicia de la provincia se reunirán en el Salón de Acuerdos para elegir a quien presidirá el máximo tribunal durante los próximos dos años. Se trata de un procedimiento formal y periódico, pero que siempre despierta gran atención debido al impacto que la decisión tiene en el funcionamiento interno de la Justicia y en el tablero político provincial.
La nueva Acordada fijará el inicio del próximo período de conducción, una etapa clave no solo por la administración del Poder Judicial, sino porque quien resulte elegido también presidirá la Junta Electoral encargada de organizar los comicios provinciales de 2027. La elección interna, aunque discreta y carente de campañas públicas, suele estar atravesada por negociaciones y movimientos reservados que definen la correlación de fuerzas dentro del tribunal.
El mandato actual del presidente Daniel Leiva llega a su fin tras dos períodos consecutivos. Asumió en 2021, sucediendo a Claudia Sbdar —primera mujer en ocupar ese cargo— y fue reelegido en 2023. Ahora, junto a la propia Sbdar, Antonio Estofán (vocal decano), Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos, integrará el cuerpo que deberá seleccionar a su próximo titular. Todos tienen derecho a voto y pueden incluso optar por sí mismos.
En los pasillos judiciales circulan distintas hipótesis. Una de las más comentadas es la posibilidad de que Rodríguez Campos —ex Fiscal de Estado— resulte elegida, lo que significaría un cambio relevante en la conducción del Poder Judicial y la llegada de otra mujer a la presidencia después del precedente de Sbdar.
Tanto Rodríguez Campos como Estofán son los únicos vocales que aún no presidieron la Corte, un dato que alimenta expectativas en torno al principio de alternancia.
Sin embargo, tampoco se descarta que Leiva busque y obtenga un tercer período, sobre todo en un contexto donde se requieren decisiones continuas para profundizar la digitalización del servicio de Justicia, avanzar con reformas procesales y sostener el vínculo institucional con los demás poderes del Estado. Las definiciones de consenso, las reelecciones y las sorpresas siempre han sido parte de este mecanismo interno.
El procedimiento es sencillo: los cinco vocales votan en sesión secreta. Comienza el presidente saliente —en este caso, Leiva—, continúa el vocal decano, y luego se suman los restantes por orden de antigüedad: Sbdar, Posse y Rodríguez Campos. El mayor número de votos define la presidencia.
Más allá de los nombres, la designación tendrá incidencia directa en la agenda judicial del próximo bienio. Quien resulte electo será la máxima autoridad administrativa y simbólica del Poder Judicial, responsable de orientar políticas internas, representar al organismo ante la sociedad y conducir instituciones clave como el Consejo Asesor de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento y las oficinas dedicadas a la mujer y a la violencia doméstica.
El martes, con la firma de la Acordada, se sabrá finalmente quién llevará el timón del Máximo Tribunal tucumano durante los próximos dos años, una decisión que impactará en la velocidad, la transparencia y la modernización de la Justicia provincial.