La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) anunció que se realizarán tres paros de 24 horas en las próximas dos semanas: el primero será este martes 3 y se sumarán dos jornadas de lucha para el jueves 12 y el lunes 16.
Esta medida fue informada luego de la resolución impartida desde el Consejo Directivo de FATUN que acordó un nuevo cese de tareas en todo el país con el personal nodocente, para «continuar con un plan de lucha hasta que el Gobierno Nacional entienda que la sociedad argentina quiere un futuro con educación».
El motivo de esta nueva serie de paros es exigirle nuevamente a la gestión del presidente Javier Milei, en carácter de «urgente», la recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario: «Seguimos unidos y organizados, defendiendo nuestros derechos, nuestros salarios y la educación pública», indicaron desde la Federación.
Esta iniciativa responde a la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias que tiene el gremio con el Gobierno Nacional y a la defensa del presupuesto asignado para el funcionamiento y la investigación de las casas de altos estudios.
La gestión de Milei y la Ley de Financiamiento Universitario
La gestión de Milei mantiene una postura de incumplimiento respecto a la Ley de Financiamiento Universitario, con el argumento de la falta de previsión presupuestaria y del impacto fiscal que supuestamente sería negativo.
Luego de ser aprobada por el Congreso y ratificada por los dos tercios de ambas cámaras que anularon el veto presidencial inicial, el Ejecutivo promulgó la ley a través del Decreto 759/2025, pero supeditó su aplicación a que el Parlamento determinara cuáles eran las fuentes de financiamiento y se asignaran las partidas en el Presupuesto.
Sin embargo, la Justicia declaró inconstitucional el decreto del Ejecutivo que frena la aplicación de la ley y ordenó su cumplimiento inmediato para la actualización salarial de docentes y nodocentes, además del refuerzo de becas estudiantiles.
A pesar de los fallos en contra por parte del Fuero Contencioso Administrativo, el Gobierno Nacional presentó recursos de apelación para no aplicar la norma.