Montgomery, Edgefield o San Diego: sin importar los gobiernos de turno, en los Estados Unidos se mantiene una política firme contra los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Por eso, los días de Federico “Fred” Machado en su bucólica chacra de Río Negro parecen estar contados. ¿Lo que Machado diga en justicia extranjera puede complicar a algún argentino?. Una pregunta que corroe a políticos.
En la Argentina, la última firma para concretar una extradición depende del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente Javier Milei. Una vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorice la entrega del acusado, el trámite se traslada a la Casa Rosada.
Milei, de formación economista, cuenta con personas de confianza que pueden asesorarlo en este tipo de decisiones, como Mariano Cúneo Libarona, Paul Starc o Alejandro Fargosi. Otros colaboradores, como Santiago Castro Videla y María Ibarzábal Murphy, intervienen en tareas de perfil administrativo. Francisco Onetto, abogado y ex candidato a vicegobernador junto a Carolina Píparo, no debería, al menos formalmente, participar de estas conversaciones.
El recurso que demoró el expediente
Los buenos oficios de Francisco Onetto, representante legal del presidente Milei, lograron ganar tiempo. El abogado aplicó un mecanismo legal conocido para que el expediente retrocediera a cero, forzando a la Cancillería argentina a volver a consultar a los Estados Unidos si Machado seguía siendo requerido. La respuesta, como era previsible, fue afirmativa.
El expediente judicial de Federico Andrés “Fred” Machado se ha convertido en un caso emblemático que ya lleva más de cuatro años de trámite en la Justicia argentina. Involucra delitos de narcotráfico, lavado de activos y fraude financiero internacional.
Machado fue detenido en abril de 2021 y acusado en el Distrito Este de Texas por integrar una red que traficaba cocaína desde América Latina hacia Estados Unidos, mientras operaba un esquema de fraude tipo Ponzi con la compraventa de aeronaves ejecutivas.
El fallo vinculado a Kayleigh Moffett —una de las coacusadas en el caso de Texas— fue invocado por Onetto para intentar suspender la extradición. Sin embargo, la respuesta oficial de Washington despejó cualquier duda: el pedido continúa vigente y los cargos contra Machado no fueron retirados.
El fallo de Villanueva y la sentencia de Neuquén
El 12 de abril de 2022, el Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén, a cargo del juez Gustavo Villanueva, declaró procedente la extradición de Federico Machado.
En su fallo de 48 páginas, Villanueva verificó la doble incriminación de los delitos —tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude electrónico—, descartó que se tratara de delitos políticos o militares y sostuvo que el tratado bilateral con Estados Unidos contempla plenamente los cargos imputados.
El juez rechazó los planteos de inconstitucionalidad de la defensa y garantizó que Machado sólo podrá ser juzgado en EE.UU. por los delitos especificados en la acusación formal de 2021. Además, mantuvo el arresto domiciliario del empresario, atendiendo a informes médicos que acreditaban un cuadro de estrés postraumático y tratamiento psiquiátrico.
Villanueva detalló que el acusado cumple arresto domiciliario en la finca ubicada en Ruta Provincial N.º 1, kilómetro 20, de la ciudad de Viedma, conocida como “La Gringa”, junto a su madre María Ester Ciccarelli y su hermana Malena Igoldi, ambas designadas como guardadoras legales.
La finca “La Gringa”
Desde 2021, Machado reside en su propiedad rural camino a El Cóndor. La chacra, de unas diez hectáreas a orillas del río Negro, está rodeada de muros de hormigón y cuenta con un camino interno asfaltado que conduce a una casa principal de amplias dimensiones, piscina y parque.
El empresario permanece bajo vigilancia electrónica mediante una tobillera y control remoto del Servicio Penitenciario, sin presencia policial permanente. Un entorno bucólico que contrasta con la magnitud de las acusaciones que enfrenta.
Toda una incomodidad para los rionegrinos que debe hospedar a un acusado como Machado y a una candidata Lorena Villaverde con otros problemas. Encima, ahora, los diputados piden explicaciones a Alberto Weretilneck sobre contratos en favor de Claudio Ciccarelli, primo de Machado. El organismo que debe responder tiene incidencia la mujer del gobernador. Un embrollo de familias.
El caso judicial en Texas
El expediente en los Estados Unidos, identificado como “United States vs. Mercer-Erwin et al.” (Case 4:20-CR-00212), lo ubica como uno de los cerebros de una organización criminal dedicada a traficar cocaína y lavar dinero mediante operaciones de aviación privada.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Machado dirigía desde Florida las empresas South Aviation y Pampa Aircraft Financing, utilizadas para registrar aviones que luego eran empleados por cárteles latinoamericanos en el traslado de droga hacia Norteamérica.
Los fiscales lo acusan de:
.Conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína
.Conspiración para importar cocaína a EE.UU.
.Lavado de activos internacionales
.Fraude electrónico
.Violaciones a las normas de exportación aeronáutica
El expediente incluye pruebas sobre aeronaves incautadas en México, Guatemala, Belice y Honduras, con cargamentos que superaron las dos toneladas de cocaína. Además, detalla un esquema de fraude financiero por más de 250 millones de dólares, mediante el cual inversionistas eran engañados con la promesa de comprar aeronaves que nunca existieron.
Entre sus principales socias figura Debra Lynn Mercer-Erwin, dueña de las compañías Aircraft Guaranty Corp. y Wright Brothers Aircraft Title, condenada en 2024 a 16 años de prisión federal. Su hija, Kayleigh Moffett, recibió una pena menor tras colaborar con la fiscalía. Otro implicado, Carlos Rocha Villaurrutia, fue sentenciado a 12 años.
Machado, en cambio, aún no fue juzgado: la justicia estadounidense espera su extradición para iniciar el proceso. De concretarse la entrega, deberá comparecer ante el tribunal de Texas, donde enfrenta la posibilidad de cadena perpetua.
El expresidente de Guatemala Jimmy Morales evitó enfrentar procesos judiciales graves gracias a su inmunidad parlamentaria. El argentino Fred Machado parece haber encontrado un refugio similar en su arresto domiciliario.
Fuentes del entorno judicial aseguran que Sebastián Amerio se mantiene al margen del tema, pero Patricia Bullrich sigue de cerca la evolución del expediente. En los pasillos de tribunales y cafés del centro porteño, el caso Machado ya es tema obligado a pocos días de las elecciones legislativas.