El gobierno provincial busca retomar la construcción de casas, como parte del acuerdo que suscribió con la administración federal, aún cuando el escenario económico para la construcción se presenta cuanto menos complejo, y apuntando en primer lugar a finalizar un millar de viviendas que están a medio hacer, en diferentes puntos del territorio provincial.
“Es importante reiniciar las obras”, afirmó la interventora del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Nora Belloni, consultada sobre los objetivos que se plantea el organismo que conduce.
La funcionaria, puesta en el cargo por el gobernador Osvaldo Jaldo en 2022 durante su gestión como mandatario interino, estuvo este viernes en la 101° Asamblea del Consejo Nacional de la Vivienda, en Salta.
Allí, sus pares de 16 provincias plantearon distintas inquietudes ante autoridades y técnicos de la Nación, liderados por el subsecretario de Hábitat y Vivienda, Santiago Sánchez Sorondo.
“Hubo una muy buena disposición para aclarar todas las dudas y nos contaron cuál es el panorama”, aseguró la arquitecta.
Belloni resaltó que Tucumán fue la primera en firmar un acta acuerdo por unidades habitacionales con el gobierno de Javier Milei y aclaró que el modelo aplicado por la Nación implica un “cofinanciamiento” para los trabajos en curso, con un 25 por ciento de recursos federales y un 75 por ciento de las arcas locales.
Este arreglo permitirá afrontar distintos escenarios, detalló la funcionaria, como la deuda que tiene Nación con la Provincia considerando “certificados que no se pagan desde octubre del año pasado”.
Los trámites administrativos apuntan a la rúbrica de las adendas referidas a cada convenio de obra. “En este momento tenemos seis documentaciones completas, que ya han sido elevadas para que en Nación las vayan evaluando; si las aprueban, nosotros enviamos toda la documentación ya firmada, para que ellos procedan a llenar las adendas de convenio. Con esas adendas de convenio, nosotros estaríamos en condiciones de reiniciar las obras”, aseguró.
Los proyectos contemplan viviendas en construcción en Los Bulacio y Los Villagra (76), Burruyacu (80), Río Seco (132), San Miguel de Tucumán (135), La Cocha (35).
El expediente que más rápido avance podría tener, estimó Belloni, sería el de Manantial Sur (restan 120 de las más de 2.500 viviendas), dado que sólo requiere de algunas correcciones menores.
La interventora del IPV detalló que, con los recursos del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), la repartición podrá “retomar obras que están inconclusas”. Y remarcó que será importante la asistencia de fondos provinciales. “Los montos de estos barrios son millonarios”, resaltó.
Según Belloni, hay unas 650 viviendas con un avance de “entre el 40 por ciento y el 45 por ciento”. Y otras 400 que se han iniciado sin anticipo de fondos a empresas, con la idea de asegurar continuidad.
“Estamos hablando de más de 1.000 viviendas, es mucha la inversión que hay que hacer, tanto en vivienda como en infraestructura”, destacó.
El escenario es complejo en la obra pública. Según la Uocra, se debe apuntar a recuperar unas 5.000 fuentes de empleo que genera el sector en Tucumán; además, hay empresas que reclaman deudas originadas desde el último trimestre de 2023.
En este contexto, una de las acciones que pudo llevar adelante el IPV fue el Programa de Provisión de Materiales (Promat), un acuerdo que posibilita la entrega de materiales por parte de la repartición, mientras que municipios y comunas aportan la mano de obra.
Las beneficiarias son localidades del interior provincial, explicó Belloni. Y detalló que en muchos casos se trata de ciudadanos que, por su vulnerabilidad, no logran reunir los requisitos mínimos para inscribirse en el registro de interesados a participar de los sorteos del IPV. “Entregamos 147 viviendas en la primera etapa; y en la segunda etapa, que ya están en ejecución, son 162 viviendas”, indicó.
Al acordar el reinicio de la obra pública, la Nación puso el foco en finalizar lo que está en curso, remarcó Belloni, por lo está prevista la apertura de financiamiento para proyectos nuevos. “Cada provincia sí puede usar su Fonavi, ya sea en obras de infraestructura o de viviendas; por los montos, nunca van a ser barrios importantes, pero sí se puede dar una continuidad de algunas obras que encare el Instituto por cuenta propia, obviamente”, expresó.
La interventora del IPV aseguró que la meta es terminar las 1.000 casas en construcción, para lo cual la documentación ya está presentada. “Tenemos que apuntar a eso; además, no podemos dejar esas viviendas paralizadas. Las empresas tampoco quieren responsabilizarse por el cuidado. Y la vandalización está ocurriendo, lamentablemente, aunque tenemos muchísima colaboración del Ministerio de Seguridad”, concluyó la funcionaria.