La Justicia ordenó este miércoles el desalojo del predio de FATE en San Fernando, donde trabajadores despedidos mantienen un acampe y una protesta tras el anuncio de cierre y 920 desvinculaciones. Pese a la resolución judicial, desde el gremio advirtieron que continuarán en el lugar hasta que la empresa reabra la planta.
La medida fue dispuesta por el juez de Garantías Esteban Rossignoli, quien ordenó el “desalojo y lanzamiento del inmueble sito en Almte. Blanco Encalada 3003 de la localidad de Virreyes, partido de San Fernando y su consecuente restitución a favor de sus titulares”. En el mismo fallo se solicitó que no se obstaculice el derecho a huelga.
El pedido del fiscal y la denuncia por daños
La orden judicial había sido solicitada por el fiscal Marcelo Fuenzalida, quien cuestionó la ocupación de la planta y apuntó contra el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, junto a otros dirigentes y empleados.
Según el escrito, el ingreso se habría producido “mediante violencia y en forma clandestina”, lo que, a criterio del fiscal, implicó “turbar la pacífica e ininterrumpida posesión” de los propietarios. Se mencionaron daños en el tejido perimetral y en una puerta de acceso, además de la permanencia de manifestantes en la terraza del edificio sin intención de retirarse.
Desde la empresa indicaron ante la Fiscalía que el cierre fue notificado por carta documento y que las indemnizaciones serían abonadas conforme a la ley. La compañía sostuvo que, pese a ello, el sindicato avanzó con la toma de las instalaciones.
Un directivo del área de Relaciones Industriales advirtió sobre posibles riesgos dentro del predio, al señalar la existencia de combustibles y materiales inflamables, además de la presencia de personal de empresas contratistas.
“Nos vamos a quedar”: la postura del gremio
Tras conocerse la resolución judicial, Crespo fue tajante ante los medios: “Nos vamos a quedar”. El dirigente explicó que se dictó la conciliación obligatoria, pero consideró que eso no implica el retiro de los trabajadores mientras la fábrica permanezca cerrada.
“La empresa está actuando en forma ilegal porque tiene la orden de reabrir. Como eso no pasa, nos vamos a quedar hasta que pase”, afirmó el titular del gremio.
El conflicto se da en paralelo a gestiones ante el Ministerio de Capital Humano, donde la audiencia pasó a un cuarto intermedio. Mientras tanto, los empleados permanecen dentro y en los alrededores del predio.
Tensión, denuncias de represión y protesta en el techo
La jornada estuvo marcada por momentos de tensión. Durante la mañana, trabajadores cortaron parte del alambrado sobre Blanco Encalada, entre Paul Harris y Simón de Iriondo, luego de que se les impidiera el ingreso formal.
Más tarde, efectivos policiales se hicieron presentes y algunos manifestantes denunciaron haber sido reprimidos con balas de goma. Cerca de dos decenas de empleados subieron al techo de la planta como forma de protesta.
En un video difundido en redes sociales, los trabajadores aseguraron que el grupo empresario liderado por Javier Madanes Quintanilla no atraviesa una crisis terminal y reclamaron la reapertura inmediata de la fábrica.
Los telegramas de despido y la crisis productiva
En los telegramas enviados, FATE argumentó que atraviesa una “severa crisis económica y productiva” que afecta la actividad desde hace tiempo. Señaló que implementó medidas de reestructuración y que tramitó un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Capital Humano.
Finalmente, comunicó la extinción de los contratos de trabajo sin invocación de justa causa, en los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, con efecto a partir del 18 de febrero.
Delegados sindicales rechazaron esa versión y aseguraron que defenderán los puestos laborales. “No nos vamos a ir ahora. Nos vamos a quedar a dar batalla”, señalaron.
Incertidumbre y clima de conflicto
En el predio, el clima es de incertidumbre. Muchos trabajadores expresaron preocupación por el impacto económico en sus familias. “Si perdemos el trabajo, perdemos todo”, resumió uno de los empleados con más de una década en la planta.
La presencia policial en la zona, según relataron, no es nueva y se mantiene desde conflictos anteriores en 2024.
Mientras la Justicia avanza con la orden de desalojo y las negociaciones continúan en el ámbito oficial, el conflicto en la planta de FATE en San Fernando sigue abierto y sin una solución inmediata a la vista.