El Juzgado Civil y Comercial de Reconquista ordenó este martes la intervención de la empresa Vicentin y desplazó a todo su directorio por un plazo de 120 días, con opción de prórroga. Además, pidió que la planta continúe trabajando.
El juez Fabián Lorenzini aseguró que la medida busca evitar “una eventual quiebra liquidativa, anticipar la protección de las unidades de negocios, fuentes de trabajo y activos mediante actuación tempestiva y suficiente para conminar efectos nocivos que podrían producirse por una parálisis total de la explotación industrial”.
El fallo también exigió a las empresas de servicios públicos “abstenerse de interrumpir o suspender la provisión de tales bienes y servicios” por 60 días, en el marco de la deuda millonaria por facturas de luz vencidas.
Tampoco se podrán revocar los permisos de operación portuaria ni admitir cautelares que afecten los activos, dineros, cuentas bancarias o de otra índole, necesarias para el funcionamiento y giro comercial e industrial de Vicentin.
La empresa agroexportadora enfrenta una grave crisis financiera que llevó a la parálisis total de sus dos plantas, ubicadas en Avellaneda y Ricardone, cuyas actividades fueron retomadas a principio de mes.
Uno de los conflictos principales es que la cerealera no logra obtener la homologación del plan de pagos presentado en 2022 y responsabiliza a la Justicia por la demora. A su vez, a cuatro ex directivos de la empresa les dictaron días atrás la prisión preventiva, acusados de estafa.
En ese marco, Lorenzini suspendió el pago de salarios para los directivos desplazados por el tiempo que dure la intervención, además de paralizar sus mandatos, poderes y facultades de administración y representación societaria.
Con el desplazamiento de sus titulares, el juez designó al contador Andrés Shocrón y al abogado Guillermo Nudenberg como interventores societarios y, entre otras medidas, deberán “trazar los ejes fundamentales sobre los cuales pretenderán ejercer su actividad, delimitar las áreas más sensibles y los negocios más relevantes para la continuidad de la empresa y sus unidades de negocios”.
Asimismo, en los próximos días, los nombrados deberán “exponer los problemas más urgentes que deban ser prioritariamente encarados, y señalar aquellos que podrán ser postergados para una fase posterior”, agregó el magistrado.
Acuerdos temporarios
El 16 de abril, la empresa anunció un acuerdo con los sindicatos que destrabó el conflicto salarial y permitió retomar la actividad en sus plantas de San Lorenzo, Ricardone y Avellaneda.
Según lo informado por la empresa en un comunicado dirigido a todo su personal, el acuerdo consiste en el pago escalonado de los haberes netos adeudados.
A cambio, el sector laboral se comprometió a reanudar tareas operativas: cargar el barco en el puerto, movilizar camiones, retomar la molienda y permitir la salida de subproductos almacenados. El objetivo inmediato es descomprimir la tensión social provocada por la falta de pago y comenzar a procesar el stock de semillas que permanecía sin destino.
En medio de la incertidumbre, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dejó en claro que el Ejecutivo provincial no intervendrá en el proceso judicial que involucra a la empresa.
“No quisiéramos que ninguna empresa quiebre y menos una tan importante para el norte santafesino como Vicentin, pero a mí no me van a ver ni a ninguno de los ministros metidos en cuestiones judiciales”, afirmó durante una visita oficial a la ciudad de Reconquista.
En ese contexto, Pullaro insistió en que mantendrá una postura institucional. “Tenemos que aprender de una vez por todas a respetar la ley y la división de poderes. Nos puede gustar más o menos, pero esa es la única forma de garantizar una democracia sólida”, sostuvo. /TN