La Fiscalía Regional del Centro Judicial Concepción rechazó el pedido de constitución como querellantes particulares presentado por el legislador Manuel Courel y el concejal de Simoca Luis Alberto Escobar en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito de la intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros.
La resolución, firmada por el fiscal regional Diego Sebastián Hevia el 31 de julio, responde al escrito presentado días antes por Courel y Escobar, con el patrocinio letrado de Luis María Díaz Augier, mediante el cual solicitaban se los tuviera por constituidos como querellantes particulares en los términos del artículo 89 del Código Procesal Penal de Tucumán.
En su resolución, Hevia sostuvo que el artículo 82 del CPPT define a la víctima como el ofendido directamente por el delito, sin otorgar legitimación para querellar a quienes ejercen funciones de control institucional en la administración pública. Señaló que la única previsión que contempla la legitimación en delitos que afecten intereses colectivos o difusos es el artículo 89.2 del código, exclusiva de las personas jurídicas cuyo objeto se vincule con el bien jurídico tutelado.
El fiscal consideró que los peticionantes no encuadran en ninguna de las dos previsiones legales y que su pretensión de extender por vía interpretativa el inciso 1° mediante el inciso 2° no resulta admisible, dado que el legislador reguló la legitimación colectiva de manera restrictiva. Agregó que la condición de denunciantes tampoco suple la falta de legitimación activa, en tanto se funda en el mismo interés de naturaleza genérica ya descartado por la normativa.
Con ese fundamento, la Fiscalía resolvió rechazar, en los términos del artículo 89.6 del CPPT, la constitución como querellantes particulares de Courel y Escobar por falta de legitimación activa, con cita de los artículos 82 y 89, incisos 1° y 2°, del código procesal.
El pedido de constitución como querellantes había sido presentado a fines de julio, luego de que los denunciantes plantearan que la causa -iniciada el 9 de junio con la denuncia penal contra Graneros por la presunta adquisición de una vivienda de más de un millón de dólares en el country Las Yungas, de Yerba Buena- no registraba avances significativos casi dos meses después de su presentación.
Este miércoles, Courel y Díaz Augier se presentaron ante el fiscal en Concepción para incorporar pruebas al expediente y expresar su preocupación por el lento avance de la investigación judicial. A partir de la notificación, se abre el plazo para que puedan apelar la resolución de Hevia. /Tendencia de Noticias