La inflación de los últimos meses y la imposibilidad de afrontar nuevos proyectos llevaron a las autoridades provinciales a replantear la política de cobro y de recupero dentro del Instituto de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipdvu).
La semana pasada, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Santiago Yanotti, había anticipado que se trabajaría en una reformulación de las tasas de interés por mora que pagan los adjudicatarios de casas sociales. Así, según confirmó la titular del Instituto, Nora Belloni, serán actualizados esos porcentajes.
“Hicimos un estudio entre las provincias del NOA y sacamos un porcentual equiparable; eso se puede modificar por resolución del organismo, no así los valores de las viviendas”, especificó la funcionaria a LA GACETA.
Una vez que finalice el circuito administrativo, la resolución que se elabora determinará que quienes se atrasen con el pago de las cuotas de sus viviendas deberán afrontar un interés mensual del 7%.
Precisamente, pese a que los valores de las cuotas quedaron desfasados, en el Instituto la morosidad sigue siendo elevada. De hecho, hay adjudicatarios que aún pagan unos $ 600 por mes en algunos barrios; por ejemplo, en determinados sectores de Lomas de Tafí.
“Hace algunos meses estábamos con una mora muy importante en el pago de las cuotas que rondaba el 80%. Nosotros hicimos un trabajo desde el IPV intimando, reactivando el call center con dos líneas telefónicas, invitando a la gente a presentarse. Y bueno, hoy lo hemos bajado, estamos en un promedio del 50% aproximadamente”, expuso Belloni.
La estimación de morosidad se hace en base a las cuentas activas (viviendas que no se cancelaron aun los pagos). “Hoy ese padrón es de entre 27.000 y 28.000 casas”, dijo.
La legislación permite al Instituto de la Vivienda actualizar los valores de las cuotas que pagan los adjudicatarios, pero no el de las viviendas. De esta manera, cada vez que se autoriza un incremento en las mensualidades, se reduce la cantidad de cuotas que debe pagar cada propietario. Así, un plan de pagos originalmente pautado a 25 años puede ir reduciéndose a menos años si la cuota sufre aumentos. Por lo general, se autorizan dos ajustes en los valores mensuales por año.
Belloni adelantó que tiene ya listo un borrador de proyecto de ley para que el Instituto pueda actualizar el capital (el valor de la vivienda), algo imperioso en este contexto inflacionario. “Pasa que aunque se reducen los años y el plazo de pago, el valor de la unidad siempre es el mismo: el que tenía cuando fue entregada. Con esta realidad, no podemos invertir en nuevas obras si eso no se modifica. Estamos terminando de preparar el proyecto de ley para modificar ese artículo”, precisó. Hoy, una casa de dos dormitorios que construye el Ipvdu tiene un costo de unos $ 35 millones, según estimó la funcionaria.
De la misma manera, anticipó, se trabaja en una modificación normativa para acelerar los procedimientos de recupero de las viviendas que no fueron ocupadas por sus adjudicatarios originales o bien que fueron usurpadas. “Muchas están en proceso judicial para recuperar o bien si la situación social de la familia de usurpadores lo amerita se procede a afianzarlos y regularizar la tenencia”, contó. “Eso es muy dinámico porque surge por lo general de las denuncias y de las intimaciones que el IPV implementó en esta gestión”, cerró.