La oposición en el Senado se prepara para dar un nuevo golpe legislativo al Gobierno. En medio de la crisis política generada por el escándalo de los audios de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y tras varias derrotas parlamentarias, los bloques no alineados con La Libertad Avanza avanzan con un proyecto que busca limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
La iniciativa, que ya obtuvo dictamen de comisión, propone que un decreto solo pueda tratar un único tema para evitar la acumulación de medidas heterogéneas, como ocurrió con el DNU 70/23 —con 366 artículos— que el Senado rechazó y Diputados mantiene sin tratamiento. Además, establece que todo DNU deberá ser aprobado tanto por la Cámara baja como por el Senado y fija un plazo de 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial para ser tratado. Cumplido ese tiempo, quedará automáticamente derogado.
Otro punto clave del proyecto es que, si un decreto es rechazado, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro sobre la misma materia durante el mismo período parlamentario. La medida busca cerrar el margen de maniobra que hoy tiene Javier Milei para mantener vigentes sus disposiciones con el respaldo parcial de una sola cámara.
Una pulseada política en el Congreso
El debate legislativo se inscribe en un escenario político adverso para el oficialismo. La oposición consiguió articular mayorías en distintas sesiones, frenó decretos delegados sobre organismos estatales como Vialidad y avanzó con proyectos como la ley de financiamiento universitario o la emergencia pediátrica, que ahora esperan definición frente a posibles vetos presidenciales.
El dictamen de mayoría de la comisión de Asuntos Constitucionales fue firmado por referentes de la UCR, el PRO, Unidad Federal y el kirchnerismo. El único bloque que no acompañó fue La Libertad Avanza, que acusa a la oposición de querer condicionar la gobernabilidad de Milei en plena campaña electoral.
El as bajo la manga de Milei: el veto presidencial
En paralelo, la atención también estará puesta en los plazos de los vetos presidenciales. El Presidente dispone de diez días hábiles para definir si veta las leyes ya sancionadas, como la de coparticipación de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), la de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. Cualquiera de ellas podría sumarse al temario opositor en la sesión prevista para la primera semana de septiembre.
Con este escenario, la estrategia de la oposición apunta a fijar límites concretos a los DNU y a consolidar un bloque de poder capaz de condicionar la agenda parlamentaria. Para el oficialismo, en cambio, se trata de un nuevo frente de conflicto que amenaza con debilitar aún más su capacidad de maniobra en el Congreso.