La inusitada rebelión de los gobernadores contra las políticas de ajuste que viene aplicando Javier Milei desde que asumió el 10 de diciembre tendrá en las próximas horas derivaciones en la Justicia y el Congreso, en simultáneo una previsible profundización del enfrentamiento político entre el oficialismo, la oposición y los sectores que habían sido dialoguistas en el inicio del mandato. Se trata de una pelea por definir quién carga mayor peso de la reducción del gasto público.
La novedad más significativa que ocurrió en el conflicto que se inició por la retención a la provincia de Chubut de 13 mil millones de pesos de la coparticipación fue la adhesión de los mandatarios de la Patagonia a la amenaza que lanzó el gobernador Ignacio “Nacho” Torres de suspender el envío de gas y petróleo al resto del país si antes del miércoles no se devuelve esa suma. Fue una decisión que tomaron cinco de los seis gobernadores de las provincias del Sur, que proveen más del 80% de los hidrocarburos que se consumen en la Argentina.
Los líderes patagónicos pertenecen a partidos políticos locales, que responden más a lógicas de sus distritos que a alineamientos nacionales. Torres es del PRO, Rolo Figueroa tiene origen en el Movimiento Popular Neuquino; Alberto Weretilneck fundó Juntos Somos Río Negro; el fueguino Claudio Melella es si se quiere el más claro kirchnerista, aunque encabeza el partido Concertación FORJA; mientras que el pampeano Sergio Ziliotto es del PJ orgánico; y el santacruceño Claudio Vidal surgió del sindicalismo peronista. Esa región multipartidaria terminó unificada en contra del ajuste y dispuesta a aplicar una medida de fuerza que no reconoce antecedentes y que podría tener graves consecuencias.
La instrumentación de esa medida se haría mediante una huelga de sindicatos petroleros y de la construcción, con apoyo de otros gremios, organizaciones sociales, partidos políticos y piqueteros. Como anticipó ayer Infobae, la CGT ya avisó que apoyará las medidas de fuerza que se tome en el sur.
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Pero no fueron los únicos que terminaron unidos por el espanto. Después de una semana de tensiones y pulseadas internas, los 10 gobernadores del PRO y de la UCR -la única dimensión donde todavía sobrevive la marca Juntos por el Cambio- firmaron una declaración conjunta de apoyo y solidaridad con Chubut y de reclamo al gobierno nacional para que “cumpla con la Constitución y envíe urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia”.
Lo apoyaron el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, pero también Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); y el correntino Gustavo Valdés; o Alfredo Cornejo, de Mendoza. Con los 10 de JxC, los cinco de la Patagonia, los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), el salteño Gustavo Sáenz, y el resto de los mandatarios, se confirmó una rebelión generalizada al ajuste permanente que viene proponiendo Milei.
El recorte a Chubut fue la chispa que encendió la pradera seca de provincias que se quedaron sin resto financiero. Desde diciembre vienen “quemando” recursos propios y fondos a cuenta, debido a la abrupta reducción de las transferencias de Nación. Se quedaron sin dinero para obra pública, sin el Fondo de Incentivo Docente, ni plata para subsidios del transporte, entre otras líneas de financiamiento que provenían de Buenos Aires. El panorama se agrava si se le suma que deben enfrentar una sensible caída de la recaudación propia, por una recesión aguda, combinada con alta inflación y salarios deprimidos. Un cóctel explosivo.
Son las externalidades que empujaron a Chubut a anunciar una medida de fuerza que el propio Milei desafió al gobernador que la ejecute y afronte las consecuencias legales. “Nacho Torres no se metió en este conflicto sin una vía de salida y la salida que va a construir es la Justicia. Por eso va a ir a tribunales y va a pedir una medida urgente que permita descomprimir”, contaba anoche uno de los mandatarios que viene lidiando con las mismas políticas de achicamiento del gasto que desató la amenaza de cortar el suministro de gas y petróleo.
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En concreto el vicegobernador Gustavo Menna confirmó que se presentará mañana ante la Justicia -todavía no está definido en qué juzgado- para solicitar una inmediata intervención para que se suspenda la medida dispuesta por el Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo, de retener esos fondos de la coparticipación. El argumento que planteó el Gobierno es que la provincia tiene firmado un contrato que puso como garantía de pago de un préstamo esos recursos. “Se cumplió un contrato. No se violó ninguna ley ni se cometió ninguna arbitrariedad”, explicaron a Infobae fuentes de la Casa Rosada. Menna también reconoció que no estaba descartada presentar una denuncia penal en contra del ministro de Economía.
A su vez, entre los gobernadores empezó a hablarse de una respuesta común contra las continuas reducciones de los envíos de partidas nacionales a las provincias. “El plan motosierra encontró un límite. Ya hubo mucha bronca con el recorte del Fondo de Incentivo Docente y de los subsidios al transporte. Pero lo que pasó con Chubut es que se tocó, ahora, las transferencias que eran intocables, porque formaban parte de la coparticipación. Primero fue Nacho Torres. ¿Quién garantiza que, con otros argumentos, lo hagan con otro?”, manifestó en diálogo con este medio uno de los mandatarios que está abocado a esta gestión sigilosa.
Se habla de una declaración o, incluso, de un proyecto de ley que otorgue una suerte de “blindaje” de los recursos que están asignados por la coparticipación federal o por leyes específicas. Es una ofensiva que se desplegará en el Congreso Nacional, aunque depende de un consenso complicado, por la desconfianza entre sectores tan disímiles como el kirchnerismo y los representantes de Córdoba.