La Confederación General del Trabajo (CGT) afina los detalles para la movilización contra el proyecto de reforma laboral del Gobierno. Los preparativos transcurren con una dirigencia que sigue masticando bronca. El texto que presentó el Gobierno no tuvo en cuenta puntos de vista del sindicalismo y provocó que los puentes de contacto entre ambas partes quedaran prácticamente dinamitados. Con un agravante: la central obrera comenzó a planificar cómo plasmar un plan progresivo de lucha si el proyecto avanza en el Congreso. De un modo u otro, los tiempos del año que viene se adelantaron con potencia para diciembre.
Los principales referentes de la calle Azopardo, como Gerardo Martínez (Uocra), Andrés Rodríguez (UPCN), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros), notaron con atención el entusiasmo que puso el oficialismo para ofrecerles con énfasis la chance de una negociación con ellos para pulir el texto. Especialmente, con la participación de Martínez. El jefe del gremio de la construcción además integró el Consejo de Mayo, el órgano que impulsó los proyectos de reformas estructurales. Una de ellas fue la laboral, pero no hubo acuerdo.
Después de todos los sondeos no aparecieron conversaciones productivas ni encuentros que ayuden a calmar las aguas. Para Martínez, y así lo aclaró ante los suyos en las últimas reuniones cegetistas, lo que sucedió en el Consejo fue una crónica de una muerte anunciada. Las reuniones periódicas en el despacho de la Jefatura de Gabinete, por entonces en manos de Guillermo Francos, estaban plagadas de discusiones, con cruces constantes entre el dirigente sindical y Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), por desacuerdos sobre la iniciativa que modifica la Ley de Contrato de Trabajo.
La tensión escaló hasta tal punto que el 22 de octubre el experimentado representante gremial redactó una carta criticando los planes de la gestión libertaria. Esa misiva, que pasó por alto para muchos miembros del oficialismo, decía que la CGT no iba a convalidar una reforma inspirada en el decreto 70/2023. Entre las líneas, apareció una frase categórica: “Cada vez que se intentó avanzar contra los derechos laborales, el resultado fue el mismo: más precariedad, desigualdad y más exclusión”.
La posición es compartida por otros exponentes de la central obrera, como Andrés Rodríguez. El histórico hombre de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) dice en la intimidad que no tiene contacto con representantes de LLA y que el Gobierno, después del triunfo electoral del 26 de octubre, no buscó pactos de gobernabilidad. Era uno de los pocos dirigentes que hablaba con el asesor presidencial Santiago Caputo. A diferencia de esos momentos, ahora se encerró en su ala más dogmática. Para graficar este concepto, ofrece un ejemplo: Javier Milei decidió reemplazar a Francos, un articulador como lo define el estatal, por Manuel Adorni.
Héctor Daer, la cara de los denominados “gordos” y hoy secretario gremial cegetista, nunca estuvo convencido del éxito del proyecto oficial y lo advirtió cada vez que pudo. Hoy, constituye el único puente entre la CGT y la Casa Rosada gracias a su buena relación con Caputo. El asesor buscó un consenso con el sindicalismo y perdió ante la influencia del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.
Paralelamente, una primera línea gremial empezó a dialogar con senadores oficialistas y opositores para tantear posiciones. Sin intermediarios. “Esto significa que la CGT le va a poner el cuerpo, ese es el mensaje”, expresaron desde el entorno de un referente de la calle Azopardo. Luis Juez, flamante miembro del bloque libertario, ya recibió un llamado de un sindicalista relevante. La conversación fue en buenos términos y quedaron en contacto.
Con este telón de fondo y con la iniciativa en marcha, la CGT saldrá a mostrar músculo el próximo 18 de diciembre en medio de voces críticas libertarias que subrayan que la dirigencia sindical no tiene una buena imagen. En Azopardo reconocen ese punto. No obstante, responden con sondeos en la mano, que una de las principales preocupaciones y temores de la sociedad pasa por el crecimiento del desempleo. Un motivo que ayudará a darle forma a la protesta que apuesta a reunir a 150 mil personas en Plaza de Mayo. En relación con la actividad de este 18 de diciembre, se conformó una mesa organizadora integrada por dirigentes de diferentes sectores, como la Uocra, UPCN, Camioneros,Vidrio, Vialidad, Sanidad, Obras Sanitarias y Seguro, entre otros. La poderosa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) expresó, a través de su jefe Juan Carlos Schmid, respaldo logístico total. Ya tuvieron una primera reunión en Azopardo el último viernes. Seguirán mañana y el martes, para terminar de definir cómo será la protesta frente a la Rosada y los protocolos policiales. En principio, se decidió que habrá un escenario en la Plaza en el que hablarán oradores, que todavía no están determinados, aunque se especula con que hable el triunvirato conductor. Junto a ellos, el consejo directivo de la CGT e invitados.
A su vez, se les pidió a todos los gremios que coloquen todos los esfuerzos posibles en convocar a sus afiliados para garantizar masividad. Hubo intendentes y sectores del peronismo que se comunicaron con referentes cegetistas y prometieron asistencia con sus bases. ¿Qué falta? Determinar cómo ingresarán las columnas. Si la organización es óptima y la marcha cumple con las expectativas, la CGT va a profundizar medidas. Ejecutar un plan de protesta como hasta el momento no se vio. Por ahora, la idea de un paro sigue muy lejos.
“Quita derechos individuales y colectivos”
Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT, criticó el proyecto de reforma laboral que pergeñó el Gobierno y habló de la movilización que gesta la central para el 18 de diciembre. En declaraciones radiales, dijo que la iniciativa “terminó decantando en un proyecto que lo veníamos viendo, porque lo habían dejado trascender, con puntos muy delicados para el mundo del trabajo. Entendemos que es un proyecto regresivo que quita derechos individuales y colectivos. No creemos que la salida de poder incorporar nuevos trabajadores al sector formal sea con un proyecto de esta magnitud”, sentenció Jerónimo. “Prácticamente les saca todo tipo de protección a trabajadores”, remarcó, al enumerar las flexibilizaciones incluidas en la propuesta. En ese marco, Jerónimo descartó que la movilización convocada por la CGT tenga que ver únicamente con la restricción del aporte solidario: “Eso es algo que quiere instalar el Gobierno”. “Queremos mostrar el descontento que tiene el mundo del trabajo hacia una medida que está muy clara que va a contramano de lo que necesita la Argentina”, argumentó.
Fuente: Perfil