El Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) atraviesa una situación inédita, a partir de un cruce de reproches y acusaciones -mediante expediente- entre las dos máximas autoridades del organismo.
En concreto, la subinterventora administrativa financiera del Ersept, Ingrid Lausberg, intimó formalmente al interventor José Ricardo Ascárate a cesar «toda orden, instructivo o requerimiento directo» que prescinda de su firma, en el marco de un expediente que la propia subinterventora inició el 22 de julio bajo el número 4217/390-L-2026. El interventor rechazó los términos de la intimación al día siguiente y reclamó que se dé curso a la nota administrativa que originó el cruce.
El conflicto se desató a partir de la Nota N° 159/2026, remitida por la Intervención a la Unidad de Recursos Humanos del organismo el 22 de julio, con un pedido de informe sobre la situación de revista de 13 agentes. Lausberg calificó esa gestión de «incompetencia, usurpadora delegación de funciones y posible configuración de delitos contra la Administración Pública», en referencia a los artículos 246, 248 y 249 del Código Penal, que tipifican la usurpación de funciones y el abuso de autoridad. En su presentación, la subinterventora se avocó al trámite de la nota, instruyó a Recursos Humanos a elevarle la documentación para su «revisión, control de legalidad y posterior remisión», y reservó la posibilidad de elevar las actuaciones al Poder Ejecutivo, a la Fiscalía de Estado y a la Justicia Penal.
Lausberg fundamentó su intervención en el Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N° 2/3 (MEyP), del 29 de abril de 2026, ratificado por la Ley N° 9982, que creó el cargo de subinterventora administrativa financiera del Ersept «con autonomía exclusiva» en esa materia. En su nota sostuvo que ninguna estructura jerárquicamente inferior puede «retener, concentrar de hecho, ni arrogarse facultades paralelas de administración y control patrimonial», y calificó como una «desviación de poder» la instrumentación de vías paralelas de gestión administrativa. También vinculó el plazo de 24 horas fijado en la Nota 159/2026 para la revisión de los legajos con un contexto de «hostigamiento» hacia la jefa de la Unidad de Recursos Humanos, y mencionó una denuncia penal previa por amenazas contra esa funcionaria.
Ascárate respondió el 23 de julio con el rechazo de los términos de la intimación. El interventor argumentó que el propio artículo 2° del DNU 2/3 establece que la competencia administrativa y financiera de la subintervención rige «sin perjuicio de las competencias propias de la Intervención», por lo que las atribuciones que le confirieron los decretos 3/1 y 4/1 de 2024 -que lo designaron interventor único del Ersept con las facultades del Directorio previstas en la Ley 8479- continúan vigentes.
Sostuvo además que el pedido de informes remitido a Recursos Humanos no configura delito alguno, que se trata de una gestión ordinaria contemplada en el Manual de Funciones del ente (Resolución 582/24) y que las atribuciones invocadas por Lausberg corresponden, según los incisos 1°, 4°, 6° y 12° del artículo 8° de la Ley 8479, al Directorio y no a la subintervención. Ascárate cerró su respuesta exigiendo que la Nota 159/2026 sea contestada por Recursos Humanos, al no encontrar fundamento para la demora.
El cruce se produce tres meses después de que la Legislatura ratificara, en una sesión con fuertes cuestionamientos de la oposición, el decreto que creó el cargo de subinterventora y designó en él a Lausberg, quien había sido desplazada en 2025 de la vicepresidencia de Canal 10. Además, se da en un contexto en el que se vincula a Lausberg con la dirigencia de la Asociación de Trabajadores del Ente Regulador de Energía de Tucumán (Ateret), gremio que la semana pasada mantuvo una protesta. /Tendencia de Noticias