La decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia del bloque generó reacciones dispares dentro del escenario político comunitario. Para algunos sectores fue una sorpresa; para otros, una confirmación más del clima de polarización extrema que atraviesa hoy la política regional.
La negativa a ratificar el acuerdo en esta instancia no respondió a una oposición uniforme, sino que fue impulsada por sectores tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. Según distintas fuentes consultadas en Bruselas, estos espacios coincidieron en frenar o dejar en suspenso la implementación del tratado por razones estrictamente políticas y vinculadas a disputas internas dentro del bloque.
En ese contexto, la figura de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quedó en el centro de las tensiones. La decisión parlamentaria se dio en medio de una ofensiva política que expuso las diferencias entre los distintos bloques que componen el Parlamento Europeo, uno de los más heterogéneos de los que se tenga memoria. La actual conformación legislativa combina una amplia gama de partidos y colores políticos, lo que complejiza la construcción de consensos en temas estratégicos como el acuerdo con el Mercosur.
Francia y otros países que históricamente se mostraron reticentes a la firma del tratado jugaron un rol central en esta instancia. Sus representantes, sin distinción estricta de alineamiento ideológico, influyeron en la decisión de enviar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un paso que abre un proceso de revisión jurídica que podría extenderse entre un año y medio y dos años.
Más allá de la resolución parlamentaria, la Comisión Europea conserva la potestad de activar el acuerdo de manera provisoria. Sin embargo, para avanzar en ese sentido, las autoridades comunitarias esperan un movimiento previo del Mercosur. El tratado deberá ser tratado y ratificado por los distintos congresos de los países sudamericanos que integran el bloque. Una vez que al menos la mitad de esas ratificaciones estén concretadas, se espera que la Comisión pueda proceder de forma unilateral en Europa.
El futuro del acuerdo, de todos modos, permanece abierto. El Tribunal de Justicia deberá emitir un dictamen final para determinar si el tratado cumple con las exigencias jurídicas del bloque comunitario o si presenta incompatibilidades legales que impidan su avance. Hasta que ese fallo llegue, y siempre que la Comisión Europea y los parlamentos del Mercosur lo avalen, el acuerdo podría regir de manera provisoria.
El escenario contempla dos desenlaces posibles. Si el Tribunal de Justicia falla en contra, el acuerdo quedará sin efecto. Si, en cambio, el dictamen es favorable, el tratado pasará a quedar activo de forma definitiva, luego de haber transitado un período de aplicación provisoria.
En los pasillos de Bruselas, distintas voces coinciden en que la activación del acuerdo resulta clave para la estrategia internacional de la Unión Europea. Consideran que un plazo de hasta dos años para una definición final es demasiado extenso frente a la velocidad de los cambios que atraviesan el escenario global.
Las autoridades europeas están convencidas de que el Mercosur es un socio necesario para construir alianzas políticas por fuera de la órbita de los Estados Unidos. En ese marco, el acuerdo no solo tiene una dimensión comercial, sino también un fuerte contenido geopolítico. Avanzar en su implementación sería, para la Unión Europea, una señal concreta de cooperación en un contexto internacional marcado por el crecimiento del proteccionismo y el fortalecimiento de los regionalismos.
Mientras tanto, la pelota quedó del lado sudamericano. En Bruselas aguardan definiciones del Mercosur que permitan destrabar el proceso y habilitar el próximo paso en un acuerdo que, pese a los años de negociaciones, sigue atrapado entre tensiones políticas internas y tiempos institucionales prolongados.