El informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, elaborado cada año por el Departamento de Estado y divulgado este lunes, denunció que en la Argentina se registraron en 2023 “graves problemas con la independencia del poder judicial” y “grave corrupción gubernamental”.
En ese marco, mencionó la condena a seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Kirchner en la llamada causa Vialidad.
Además, señaló que “la ley preveía sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no la implementó de manera efectiva. Durante el año hubo numerosos informes de corrupción gubernamental. Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”, enfatizó.
Qué dijo el informe del Departamento de Estado sobre la corrupción en la Argentina
En el aparte sobre la corrupción, el informe del 2023 señaló que “en octubre se estaban llevando a cabo varias investigaciones relacionadas con la corrupción contra figuras políticas de alto rango y exfiguras políticas, incluida la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.
“Fernández de Kirchner y nueve acusados principales (45 acusados en total) fueron señalados por recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015, cuando Fernández de Kirchner era presidente”, indicó el informe.
El reporte afirmó: “Los fiscales estimaron el valor total del plan de soborno en 160 millones de dólares. Fernández de Kirchner fue condenada y en diciembre de 2022 un tribunal de primera instancia la condenó a seis años de prisión, multa e inhabilitación perpetua para cargos públicos. La sentencia no sería definitiva hasta que se decidieran las apelaciones finales”.
Además, agregó: “En octubre, el caso seguía en apelación ante el Tribunal de Casación Penal. En junio, un juez federal desestimó los cargos contra Fernández de Kirchner en un caso separado que investigaba un plan de corrupción en obras públicas, citando pruebas insuficientes. Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otro caso de corrupción financiera en octubre”.
Además, el informe citó causas de corrupción en el Poder Judicial. En ese sentido, señaló que “el 26 de julio comenzó un juicio federal contra el exjuez federal (de Mendoza) Walter Bento, su familia y otros 29 acusados, entre ellos abogados y agentes de policía”.
“El tribunal acusó a Bento de liderar una organización criminal con vínculos con el narcotráfico y fue acusado de lavado de dinero y de aceptar sobornos a cambio de clemencia y otros beneficios judiciales. El 8 de noviembre, Bento fue puesto en prisión preventiva tras perder los privilegios de inmunidad cuando un jurado decidió destituirlo de su cargo por mal desempeño de sus funciones”, reseñó.
También el reporte detalló que “en algunas fuerzas de seguridad se produjo corrupción y complicidad oficial. Los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de quienes estaban involucrados en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y el comercio sexual. Fueron frecuentes las acusaciones de corrupción en los tribunales provinciales y federales”, afirmó el informe.
“No hubo cambios significativos”
En el resumen del reporte, el Departamento de Estado afirmó que “no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos durante el año”.
“Entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban informes creíbles de homicidios ilegítimos y arbitrarios; torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; arrestos y detenciones arbitrarias; graves problemas con la independencia del poder judicial; grave corrupción gubernamental; violencia generalizada de género, incluida la violencia doméstica o de pareja, la violencia sexual, el feminicidio y otras formas de violencia de ese tipo; y delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales”, enumeró.
Además, señaló que “el gobierno adoptó medidas limitadas y creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos”.