Esta historia se puede contar como una serie de actos. En el primero, Luis “Toto” Caputo es secretario de Finanzas, entre 2015 y 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, y está a cargo de la reestructuración de la deuda. Antes, entre 2009 y 2015 fue “dueño indirecto” de la sociedad Noctua, que compró bonos de esa deuda. Por ese hecho, diputados de la oposición lo denuncian ante la justicia. El juez Julián Ercolini cierra la causa y el fiscal Carlos Rívolo apela la medida.
Este lunes, la Sala I de la Cámara Federal, con renovada composición, confirmó la decisión de Ercolini al considerar que “no se observa un actuar delictual doloso por parte del funcionario público denunciado en perjuicio de la administración pública” y que no evalúa pertinente tomar nuevas medidas probatorias, tales como la indagatoria a Caputo, requerida por el fiscal. Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi ordenaron la “desvinculación definitiva” de Caputo. “La discusión sobre si hay dolo o no es prematura, eso se debe debatir en un juicio”, aseguró a PERFIL el abogado Pedro Biscay, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).
El fallo salió con los votos de Llorens y Bertuzzi, que había asumido como juez titular el jueves anterior. Bertuzzi ya integraba la Cámara pero por un traslado ordenado por el ministro de Justicia de Macri, Germán Garavano, en un acto que luego la Corte Suprema cuestionó con un fallo en 2020, en el que ordenó que se concursaran los cargos. Luego de un extenso proceso, en el que Bertuzzi y Yadarola subieron varios casilleros en sus puestos entre el examen y la entrevista personal, ambos pliegos llegaron al Senado y a fines de agosto la Cámara alta los aprobó: a Bertuzzi lo confirmaron con 44 votos a favor y 23 en contra y Yadarola, por unanimidad.
Yadarola es uno de los jueces que viajó con el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques a Lago Escondido en octubre de 2022 pero que igual obtuvo los votos del peronismo en el Senado. Sin embargo, Yadarola no votó en este fallo porque desde el viernes 4, posterior a la jura del jueves 3, está de licencia. Tampoco lo hizo Leopoldo Bruglia, que desde el jueves 3 que asumió Yadarola quedó afuera del tribunal.
Entre el viernes y el lunes 7 la Sala I del tribunal ratificó la exclusión de los querellantes en la causa $LIBRA y confirmó la clausura del expediente que investigaba al ex presidente Macri y a los actuales ministros Caputo y Federico Sturzenegger por el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Cambiemos.
“Este fallo se inserta en una serie de decisiones de la Cámara que configuran una nueva etapa de pactos de impunidad en la Argentina”, consideró Biscay. El especialista sostuvo que en este caso hay un “negocio simulado para ocultar” al verdadero titular, que es el actual ministro de Economía y un “encadenamiento societario en el cual de los dos lados” está Luis “Toto” Caputo.
Un entramado de sociedades
A Luis “Toto” Caputo lo denunciaron por omisión maliciosa en la presentación de declaración jurada de un funcionario público; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y uso de información privilegiada; incumplimiento de deberes de funcionario público y lavado de activos. La información surgió a partir de la filtración de los Paradise Papers.
La fiscalía a cargo de Rívolo remarcó que Caputo omitió declarar sociedades offshore que tuvo durante su actuación en el gobierno de Macri. Puntualizó que cuando fue funcionario le facturó “servicios profesionales” a una de ellas mientras integraba el gobierno y porque esa firma, bajo su asesoramiento, compró casi medio millón de dólares en bonos del Tesoro Nacional emitidos en abril de 2016, en cuya licitación Caputo participó directamente como secretario de Finanzas.
Caputo era secretario del Ministerio de Hacienda cuando se emitió la deuda “a 100 años”. En su calidad de funcionario, intervino para concretar dicha operación. Una de las empresas que compró dichos bonos (por un monto de 5 millones de dólares) fue Noctua, que había sido de él antes de ser funcionario público, era dueño indirecto.
Según un informe del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) al que accedió PERFIL, Caputo (en base a información de la empresa Noctua brindada a la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos) fue, entre 2009 y 2015, “dueño indirecto” de la sociedad. Era accionista en un 75% de la empresa Princess International Global Ltd., una sociedad creada en las islas Caimán (en donde funciona el secreto fiscal).
Por medio de ésta sociedad (Princess), Caputo controló entre el 50 y el 74% de Affinis Partners II, que a su vez es la empresa controlante de al menos el 75% de Noctua International WMG LLC, la gerenciadora de fondos de inversión con los que Caputo administró los fondos creados en Caimán.
Para el juez Ercolini y los camaristas Llorens y Bertuzzi, Caputo rectificó su declaración jurada e informó su vinculación con «Noctua Asset Management» -la prestación de servicios de consultoría hasta el mes de diciembre de 2015-, y haber sido director de «Axis», empresa asociada a la compradora de bonos “Noctua”. El magistrado, en un argumento al que se sumó la Cámara Federal, sostuvo que “ninguna de las circunstancias fácticas presentadas en torno al caso conllevaban a inferir la existencia de malicia vinculada a la ocultación de información sobre su situación patrimonial y laboral”.
Con relación a su vínculo con «Princess» (accionista de “Noctua” a través de «Affinis Partners II»), los camaristas sostienen que “acierta el juez” Ercolini en que “más allá de figurar [Luis Caputo] como accionista, era su hermano Flavio Caputo quien revestía tal calidad”.
En su dictamen, Rívolo alegó que “de acuerdo a lo que surge de la documentación presentada ante las autoridades de las Islas Caimán al momento de su apertura, no quedan dudas de que el titular de Princess era Luis y no su hermano Flavio, quien recién asumió esa posición el 30 de junio de 2016″, medio año después de que Luis Caputo asumiera como secretario de Finanzas.
Sobre la titularidad de Princes, la defensa de Caputo, a cargo del ex ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, sostuvo que por un acuerdo privado celebrado entre los hermanos Flavio y Luis en 2009, correspondía al primero, más allá que el segundo figurara como titular. Dicho acuerdo fue suscripto ante el escribano Claudio Caputo, familiar de ambos y padre de Santiago, asesor estrella del presidente Javier Milei. La defensa recién lo presentó ante la Justicia en 2019, 10 años después de la supuesta firma. Biscay alertó que Flavio Caputo ingresó al blanqueo de capitales que promovió su hermano Luis como funcionario en los primeros años del gobierno de Macri.
Rívolo pidió en distintas oportunidades la indagatoria del funcionario y la fiscalía de Cámara, a cargo de José Luis Agüero Iturbe, tiene que definir ahora si apela el caso ante la Cámara de Casación o deja que la causa se cierre.
Consultado por PERFIL, el abogado Pedro Biscay, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), sostuvo que se trata de una mala investigación a cargo de la fiscalía, en un escenario de impunidad por parte del Poder Judicial, que el caso tiene la característica de cosa juzgada írrita y que es el típico caso que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) puede analizar en la quinta ronda que se hará en los próximos meses con la hipótesis de lavado de activos. Biscay recordó que en la cuarta ronda la Argentina estuvo a punto de pasar a la zona gris.
Fuente: Perfil