Antonio Gómez dejará de ser el fiscal general titular ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Ayer, el procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, aceptó el pedido de renuncia que había sido presentado y que se hará efectiva a partir del 1 de febrero de 2025.
Gómez llegó a Tucumán para asumir su cargo luego de que el entonces presidente de la Nación Fernando de la Rúa decretara su nombramiento el 5 de diciembre de 2001, pocos días antes del estallido social que puso al país al borde de una guerra civil. Llegó a Tucumán luego de haber sido fiscal Federal, juez Federal Subrogante y defensor Oficial Subrogante, todo en el Juzgado federal de Rawson, Chubut.
Con la renuncia de Gómez se agrava aún más la situación del Ministerio Público Fiscal federal en Tucumán. Es que se sumará una vacante a las ya conocidas. El cargo de fiscal general ante el Tribunal Oral Federal está sin titular, y actualmente allí se desempeña el fiscal Pablo Camuña, titular de la Fiscalía Federal N° 2. A él, a su vez, lo subroga el titular de la Fiscalía Federal N° 3, que aún no está en funcionamiento, Agustín Chit. A fines de noviembre, y luego de 38 años en el cargo, renunció el fiscal federal N° 1, Carlos Brito, por lo que su cargo quedó también vacante. Al respecto, el procurador Casal resolvió en ese momento “a fin de afianzar la representación del organismo en todas las dependencias de la sección Tucumán, se tiene presente que el señor Fiscal General titular de la Fiscalía ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, doctor Rafael Alberto Vehils Ruiz, expresó su conformidad para cubrir de manera interina la Fiscalía Federal 1 de Tucumán”. Vehils Ruiz ya está trabajando en la provincia.
Hasta el momento, por resolución del Procurador General Interino se realizó la convocatoria al Concurso n° 132, para cubrir la vacante de Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, provincia homónima.
Además de las vacantes en el MPF, están sin titulares los juzgados federales 1 y 2. Este último está siendo subrogado por el juez federal N° 3, José Manuel Díaz Vélez, cuyo juzgado aún no está en funcionamiento, y el 1, que además tiene competencia electoral, está a cargo de manera interina del juez federal N° 2 de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez. Para el 1 ya se realizó el concurso y en la terna de la cual el presidente Javier Milei debe elegir un nombre para enviar al Congreso figuran Carlos Ezequiel Oneto, Carlos Eduardo Saltor y Solana Esther Casella.
En el TOF, en tanto, están vacantes las tres vocalías, que son ocupadas en este momento por los subrogantes Jorge Alejandro Basbús, Ana Carina Farías, ambos de Santiago del Estero, y Enrique Lilljedahl, de Catamarca.
La única instancia que está completa es la de la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por Marina Cossio, Patricia Moltini, Fernando Poviña, Ricardo Sanjuan y Mario Leal.
Polémico en muchos tramos de su carrera, Gómez se enfrentó incluso con otros fiscales federales (por lo que incluso recibió una exhortación del procurador Casal) y con jueces. Estuvo involucrado en casos resonantes, como el de la investigación contra el ex jefe del Ejército, César Milani, de la cual fue apartado, pero sus mayores intervenciones estuvieron dirigidas a los delitos contra el ambiente. En su biografía en la red Linkedin advierte que “mi objetivo central es procurar la condena a prisión de los que cometen delitos ambientales. Son delitos que por su gravedad afectan a un sinnúmero de ciudadanos. Sobre todo los más carenciados. Más de 20 años de experiencia han hecho que me resulte relativamente fácil investigarlos y encontrar los responsables. No se trata de dificultades en la investigación sino de obtener la condena de los autores que, por lo general, conservan un gran poder económico y político (…) El mayor obstáculo lo encuentro en mis propios colegas -sobre todo jueces- de América Latina. Buena parte de mi esfuerzo entonces, se ha volcado a la investigación de delitos de corrupción en la propia administración de justicia donde he tenido bastante éxito si por tal se entiende la destitución y el procesamiento de varios por distintos delitos de corrupción entre ellos el cohecho y el prevaricato”.
Fuente: La Gaceta