El proyecto de la oposición por la reforma jubilatoria, aprobado por el Congreso Nacional, puso en foco una herramienta particular del Poder Ejecutivo: el veto presidencial. Javier Milei finalmente lo firmó anoche para frenar la nueva ley de movilidad jubilatoria, argumentando que esta norma «compromete el equilibrio fiscal».
La medida se oficializará el lunes, y seguirá rigiendo el sistema previsional establecido por un DNU de su Gobierno, decretado en marzo de este año.
Pero el camino del proyecto de ley no se termina con el veto del Presidente. Aquí, el Congreso de la Nación es clave a la hora de promulgar nuevas legislaciones.
Luego de que la ley sea vetada, el proyecto volverá a ingresar en el Congreso, donde será nuevamente tratada por ambas cámaras. En este caso, los legisladores tienen la posibilidad de insistir con la ley rechazada por el Presidente. Es así que la ley puede ser nuevamente impulsada si ambas cámaras (Diputados y Senadores) alcanzan una mayoría calificada de dos tercios de los votos de los miembros presentes. Escenario complejo ya que los diputados del PRO anunciaron que acompañarán la decisión del Presidente.
En caso de conseguirse nuevamente el apoyo, la ley debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo. En contraparte, si no se consiguen los apoyos necesarios, el proyecto quedará por fuera del circuito parlamentario y no podrá ser tratado nuevamente hasta las sesiones parlamentarias del 2025.