La investigación por el asesinato de Joaquín Rodrigo Ibarra, el joven de 21 años que fue ejecutado de un disparo en la cabeza durante un intento de robo en Alderetes, ingresó en una etapa clave y el Ministerio Público Fiscal se encuentra próximo a requerir la elevación a juicio de los dos adolescentes de 16 y 17 años acusados por el hecho.
La causa tuvo recientemente una nueva audiencia en la que la Fiscalía solicitó extender las medidas cautelares que pesan sobre los imputados, mientras avanza en las últimas diligencias investigativas necesarias para cerrar la etapa preparatoria y avanzar hacia el debate oral.
El crimen ocurrió durante la madrugada del 12 de enero en el barrio Julio Abraham, en Alderetes. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Ibarra había llegado a la vivienda de un amigo y aguardaba para ingresar cuando fue sorprendido por dos adolescentes que se movilizaban en una motocicleta negra de 110 cilindradas.
Según la acusación, uno de los sospechosos descendió del rodado armado y se acercó con fines de robo. Al advertir la situación, la víctima arrojó su teléfono celular por encima de una reja y conservó una bolsa con prendas de vestir que llevaba consigo. El atacante logró quitarle esa bolsa y se la entregó al cómplice que permanecía sobre la motocicleta.
Sin embargo, el episodio escaló dramáticamente. De acuerdo con la investigación, el agresor volvió a acercarse a Ibarra, lo golpeó en la cabeza y luego efectuó un disparo antes de escapar junto a su acompañante.
El joven cayó inconsciente y fue auxiliado por vecinos y familiares, quienes lo trasladaron de urgencia al hospital Padilla en un vehículo particular. Pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas.
Las tareas investigativas avanzaron con rapidez. Esa misma madrugada, efectivos de la Comisaría de Alderetes y personal de la División de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos lograron identificar y localizar a los sospechosos tras analizar imágenes de cámaras de seguridad instaladas en la zona.
Horas después de las detenciones, ambos adolescentes fueron imputados como coautores del delito de homicidio agravado criminis causa. Durante la audiencia de formulación de cargos, el auxiliar Miguel Fernández, siguiendo instrucciones de la fiscal de Homicidios de Feria María del Carmen Reuter, requirió una medida de prisión preventiva por cuatro meses, solicitud que fue avalada por el juez interviniente.
Inicialmente, los acusados fueron alojados en el Instituto Roca, aunque posteriormente fueron trasladados al Instituto de Menores Cura Brochero, que funciona dentro del Centro Penitenciario de Benjamín Paz, tras el decreto firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo.
El pasado lunes 11 de mayo se realizó una nueva audiencia en la que representantes de la Fiscalía de Homicidios I, encabezada por Pedro Gallo, solicitaron extender por 60 días la disposición provisoria que cumplen los adolescentes.
Los investigadores argumentaron que todavía aguardan los resultados de una pericia UFED practicada sobre los teléfonos celulares secuestrados a los acusados, con el objetivo de determinar si existieron comunicaciones posteriores al crimen que puedan aportar elementos relevantes para la causa. También indicaron que aún no fueron hallados ni el arma utilizada en el homicidio ni la motocicleta empleada durante el ataque.
Las defensoras Delfina Romano y Valeria Lezcano no cuestionaron la continuidad de la medida cautelar, aunque solicitaron que se cumpliera bajo arresto domiciliario.
Tras escuchar a las partes, el juez Federico Moeykens rechazó ese planteo al considerar que los imputados podrían afectar el desarrollo de la investigación en caso de regresar a sus hogares. En cambio, resolvió extender la medida cautelar por un plazo de 30 días y exhortó al Ministerio Público Fiscal a concluir la investigación y preparar el requerimiento de elevación a juicio durante los próximos meses.
“Los familiares de Joaquín quieren que el juicio se realice lo antes posible para determinar las responsabilidades y que se dicte una condena”, expresó Juan Pablo Bello, abogado que representa a la familia de la víctima.
El letrado explicó además que, por tratarse de menores de edad, el proceso judicial tendrá una dinámica particular. “En una primera etapa se establecerá la responsabilidad penal y la calificación legal que corresponda; posteriormente se desarrollará otra instancia donde las partes debatirán cuál debe ser la pena”, señaló.
Bello también recordó que los imputados enfrentan una acusación por homicidio agravado, un delito que contempla prisión perpetua para mayores de edad, aunque esa sanción no puede aplicarse a menores en Argentina. “No existen muchos antecedentes similares de adolescentes condenados por homicidio agravado, pero insistiremos en que se aplique la máxima pena posible dentro de los límites previstos por la ley”, sostuvo.