El Ejército Argentino vivió momentos de bochorno ocasionados por la decisión del general de brigada Jorge Berredo, comandante Operacional de las Fuerzas Armadas, de «judicializar» su bronca por no haber ascendido. Ahora se designó en el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas al general de la brigada Cristian Pafundi en su reemplazo. Así podría darse por finalizado el capítulo de bochorno en el Ejército. Qué fue lo que pasó.
Por no haber ascendido, Berredo acudió a la Justicia Federal y denunció que en julio pasado el subjefe de la fuerza, el general Carlos Carugno, lo amenazó con cambiar de destino a su esposa, una coronel médica que presta servicios en el Hospital Militar Central, si él no dejaba el cargo y pedía el retiro.
La denuncia penal, que se tramita ante el tribunal federal de Daniel Rafecas, se planteó casi al mismo tiempo que Javier Milei ordenara esta semana retirar el pliego de ascenso de Berredo a la jerarquía de general de división. El expediente de promoción al grado inmediato superior estaba congelado, sin tratamiento en la Comisión de Acuerdos del Senado desde mediados de junio, así como otro alto oficial naval, el contralmirante Juan Coré. Este último, denunciado en Género del Ministerio de Defensa por maltratos, amenazas y abuso de autoridad, consiguió las 9 firmas de senadores de la Comisión aunque el expediente no llegó al recinto.
«Comprendido, señor presidente» y a continuación pedir el pase a situación de retiro. Así de simple es en la vida militar el comportamiento que adopta un oficial superior (coronel, general y equivalentes en las otras fuerzas) cuando el Poder Ejecutivo dispone que no es elegible para ascender al grado inmediato superior o se retiene el pliego y es sobrepasado por quienes sí ascienden.
Que el pliego de ascenso haya sido enviado a la Comisión de Acuerdos del Senado no es garantía de que tal cosa sucederá. Es la política y el consenso del plenario del Senado el resorte institucional que lo define y el candidato debe aceptarlo con la dignidad del uniforme que viste.
La decisión en el tribunal de Rafecas difícilmente se aparte de las conclusiones del sumario administrativo (legajo disciplinario) que, a pedido del general Berredo, se había labrado en sede del Ejército Argentino para investigar las presuntas amenazas contra su persona que endilgó al subjefe del arma.
El Legajo Disciplinario se realizó de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Anexo II del Decreto 2.666/12 anexo IV de la Ley 26.394 Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.
El mismo se inició en el Estado Mayor Conjunto, donde está la orgánica del Comando Operacional, destino del general Berredo. Las actuaciones estuvieron a cargo del Oficial Superior Actuante, comodoro mayor auditor Gustavo Krasñansky, refirieron fuentes judiciales. Luego pasaron al Ejército a resolución del titular del arma general de división Carlos Presti que es la autoridad competente, dijeron en el tribunal.
El documento de la instrucción sumaría militar, al que MDZ tuvo acceso exclusivo, registra los testimonios del general Corugno (denunciado por presuntas amenazas), del coronel mayor Jorge Stanic, mencionado por Berredo como mensajero de las amenazas, y del vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, quien habría tomado conocimiento de ellas.
Las declaraciones son coincidentes en que no hubo coerción al general Berredo a través de un supuesto traslado de su mujer hacia otro destino para motivar el pase a retiro del comandante que no fue ascendido.
En el tribunal de Rafecas ponderan fundamentos del informe final del auditor Krasñansky y del dictamen elaborado por el instructor del Ejército Argentino.
«De la presente instrucción y de las probanzas colectadas y averiguaciones practicadas, así como también de las declaraciones vertidas esta instancia es de opinión que no existen conductas con entidad suficiente para ser susceptibles de reproche disciplinario que ameriten sustanciación de alguna actuación disciplinaria de acuerdo a los prescriptor en la ley 26.394 y su decreto reglamentario N°2666/12», dice.
Conclusión: «Por lo expuesto en función de los elementos probatorios recolectados, a los fundamentos expuestos y al resultado de las diligencias practicadas este Oficial Instructor considera que los supuestos hechos que dieron origen a la presente resultan inidóneos para constituir faltas disciplinarias en los términos del Artículo 13 Anexo IV de la Ley 26.394».
«Soy de opinión que corresponde elevar el presente informe al señor Jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino quien resulta ser competente para resolver las presentes actuaciones administrativas no disciplinarias” se lee en el escrito del instructor».
El 2 de septiembre el director general de Asuntos Jurídicos del Ejército Argentino, coronel mayor Walter Faneco, produjo el dictamen N°181/PDM/24. El texto va en la misma línea que el informe final elaborado por el comodoro mayor Krasñansky y dictamina que «no existen conductas con entidad suficiente para ser susceptibles de reproche disciplinario».
Por último, en una resolución de 3 artículos fechada el 4 de setiembre, el jefe del Ejército Argentino ordenó dar por finalizada la actuación administrativa, disponer el archivo en atención a lo concluido por el oficial Superior Actuante al no advertirse conductas con entidad sufriente para ser susceptibles de reproche disciplinario y el pase al archivo en la Dirección General de Personal y Bienestar.