La conflictividad laboral en Tucumán registró un crecimiento sostenido en lo que va del año, impulsada por un escenario económico complejo que golpea tanto a trabajadores como a empresas. Según datos preliminares de la Secretaría de Trabajo provincial, entre enero y julio de 2025 se produjo un aumento del 15% en las denuncias individuales por conflictos laborales, mientras que los acuerdos colectivos por suspensiones y recortes salariales escalaron cerca del 25% en el mismo período.
El dato encendió las alertas tanto en el Gobierno provincial como en el sector empresarial, ya que no sólo crecieron los reclamos por despidos e incumplimientos, sino que también se profundizó la negociación colectiva para reducir costos, lo que implica un mayor grado de afectación sobre sectores enteros del aparato productivo tucumano.
El 95% de las denuncias individuales presentadas ante la Secretaría de Trabajo tuvieron como eje el reclamo por indemnizaciones, mientras que el resto se vinculó con falta de pago de liquidaciones finales, entrega de documentación laboral y otros incumplimientos patronales.
“Antes teníamos un flujo constante de reclamos individuales por despidos. Ahora se ve una conflictividad más agrupada y sectorizada, con mayor presencia gremial en audiencias y con empresas que buscan acuerdos colectivos para atravesar esta situación compleja”, explicaron desde la cartera laboral provincial.
En el plano colectivo, los acuerdos más frecuentes fueron aquellos que se realizaron bajo el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, una herramienta legal que permite a empleadores y sindicatos pactar suspensiones laborales con el pago de sumas no remunerativas.
Este tipo de mecanismo fue activado, por ejemplo, por la multinacional Scania, que recurrió a la reducción de haberes como estrategia para evitar despidos. Lo mismo ocurrió con empresas del rubro textil, como Santista Argentina, TN Platex (en su división Hilados) y la planta de Topper, donde el impacto de las importaciones y la caída del consumo forzaron la renegociación de las condiciones laborales.
La Asociación Obrera Textil (AOT) confirmó en julio que, solo en el último semestre, se perdieron 120 puestos de trabajo en las cuatro principales plantas textiles de Tucumán. La cifra trepa a 350 despidos desde la asunción del presidente Javier Milei, lo que refleja un deterioro acelerado del empleo formal en esta rama productiva.
La crisis del sector no es nueva, pero en los últimos meses se profundizó por el descenso en el consumo interno y la competencia de productos importados, dos factores que golpearon de lleno a la industria local.
Otro de los sectores que muestra signos de contracción es el de la construcción. De acuerdo al relevamiento de la Secretaría de Trabajo, varias empresas constructoras han suspendido parte de su personal para evitar despidos masivos, en medio de la parálisis de obra pública y la caída en la venta de materiales.
También se reportaron situaciones similares en firmas comercializadoras de materiales de construcción, que adoptaron estrategias similares para capear el momento sin recurrir a recortes drásticos en sus planteles.
El panorama laboral de Tucumán, si bien aún no alcanza niveles críticos, evidencia un deterioro sostenido, con trabajadores cada vez más expuestos a la pérdida de derechos adquiridos y empresas presionadas por una economía que no da tregua. La judicialización de los reclamos laborales, el avance de la negociación colectiva para suspender empleos y el aumento de la informalidad se posicionan como los desafíos inmediatos para el segundo semestre del año.