Supongamos que en los Estados Unidos se realiza un festival de rock multitudinario. ¿Alguien podría creer que se utilizarían instalaciones muy sensibles de los marines para estacionar autos de los que van al recital y todo eso con el aval del Pentágono? “La respuesta obvia es negativa. Pues bien, eso es lo que ocurrió en la Argentina de los Milei”, afirmó con reserva de nombre un militar que se desempeña en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF).
En ese predio militar, contiguo al complejo Tecnópolis, se trabaja en el mantenimiento de las capacidades científico-tecnológicas y, lo más importante, en el desarrollo de nuevas tecnologías para la defensa. Las hectáreas que albergan al instituto, creado por el general Juan Perón en 1954, contienen información confidencial y de relevancia y, según anota la periodista Ivy Cángaro, “…el polo de investigación es zona restringida a la población civil. Trabajan científicos y personal específico habilitado para su ingreso y egreso bajo severas normas de admisión y confidencialidad”.
Pues bien, nada de esto sucedió durante las jornadas del festival Quilmes Rock, realizado entre el 5 y el 13 de abril pasado, organizado por la productora Pop Art y patrocinado por la famosa marca de cerveza del sur bonaerense. Al menos en el sector dispuesto para que cientos de personas que fueron a escuchar a sus músicos preferidos dejaran estacionados sus autos como si nada importara.
Una empresa privada y presuntos vínculos políticos
Y, ¿cómo se logró? Porque los organizadores contrataron a una empresa tecnológica, Seeker. Una app de estacionamiento a la que no le fue difícil que los militares le cedieran el terreno para sus negocios. Fuentes sindicales explicaron a NA que hubo llamados directos desde Casa Rosada a las oficinas del Ministerio de Defensa para habilitar un permiso del coronel retirado Fernando Roberto Lloveras, para que apruebe la solicitud de los responsables de Seeker.
Según los registros oficiales, Seeker pertenece a Carlos y Gonzalo Morales junto a dos socios, Bernardo Wengier y Juan Bocco. En algunos despachos militares se sugiere que Seeker o sus socios habrían sido aportantes de La Libertad Avanza.
Denuncia de ATE y posible investigación
Sea cual fuere la trama por la que una empresa de servicios tecnológicos consigue un permiso para estacionar autos para su provecho en instalaciones militares que deberían ser rigurosamente cuidadas, el gremio ATE denunció a Luis Petri por malversación de fondos públicos tras utilizar este predio del Ministerio de Defensa como parking para el Quilmes Rock que se realizó en Villa Martelli.
Según la denuncia, la maniobra habría generado más de 80.000.000 de pesos en ingresos que nunca fueron informados oficialmente.
Desde el gremio explicaron que las autoridades militares nunca dieron respuesta y afirman que “…el año pasado el presidente del organismo, coronel (R) Fernando Roberto Lloveras, emitió una disposición interna donde limita la comunicación tanto a los sindicatos como al personal dentro del organismo para no divulgar cierta información; es decir, nos cortó la comunicación institucional masiva y nos amenazó con una sanción si difundíamos algo”.
El tema tomó estado público y seguramente será materia de consulta de la próxima interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en sus comparecencias en el Parlamento. Mientras tanto, se aguarda una investigación de la Oficina Anticorrupción en el Ministerio de Defensa por haber permitido que los organizadores de un festival de rock utilicen instalaciones militares como garajes al aire libre durante las noches que duró el evento, probablemente por una contraprestación dineraria.