El Congreso de Brasil aprobó este miércoles una ley para rebajar la pena de 27 años de cárcel del expresidente Jair Bolsonaro, en prisión desde el mes pasado por golpismo.
El texto, adoptado por el Senado tras el visto bueno de la Cámara de Diputados la semana pasada, podría reducir el tiempo efectivo de prisión de Bolsonaro a algo más de dos años.
La iniciativa beneficia al ex presidente, de 70 años, condenado en septiembre por haber tratado de impedir en 2022 el acceso al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Pero también puede dar libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas presos por la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, una semana después de la asunción de Lula.
«No era exactamente lo que queríamos, no era por lo que estábamos luchando, pero es lo que era posible en esta coyuntura», dijo en un video el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor de Jair Bolsonaro, que lo designó candidato a las presidenciales de 2026.
Lula ha dicho que su antecesor «tiene que pagar» la condena impuesta por la corte suprema. El presidente puede vetar la ley, pero el parlamento puede votar de nuevo para retirar el veto.
El proyecto fue tramitado sorpresivamente en una semana por ambas cámaras, en una victoria para la mayoría conservadora del Congreso antes del receso navideño.
El autor del proyecto de ley, el diputado Paulinho da Força, defendió la rebaja de penas como «un gesto de reconciliación» en un país polarizado.
Con la normativa actual, la justicia estima la duración efectiva de la prisión de Bolsonaro en unos ocho años.
«Al menos conseguimos sacar a esas personas (de la asonada) de la cárcel, que es lo más importante en este momento», se felicitó el senador Sergio Moro, exministro de Justicia de Bolsonaro.
El senador centrista Renan Calheiros calificó la votación de “farsa” y abandonó la sesión después de acusar a los aliados del gobierno en el parlamento de permitir que el proyecto avanzara a cambio de apoyo a una iniciativa que aumenta la tributación de empresas como las “fintechs”.
El senador Randolfe Rodrigues, del oficialista Partido de los Trabajadores, negó la existencia del supuesto acuerdo. “Una cosa no tiene que ver con la otra”, dijo.