El gobierno de Javier Milei avanza en su plan de desguace del Estado y apuntó ahora contra la Administración de Parques Nacionales (APN). Decidido a profundizar el ajuste, el mandatario libertario lanzó un plan de retiros voluntarios con el objetivo de seguir reduciendo la plantilla de trabajadores estatales.
Así quedó plasmado en la Resolución 191/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial en la que se establecen los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los trabajadores que pretendan acogerse al plan de retiros.
El nuevo régimen será implementado operativamente por la Dirección General de Recursos Humanos de la APN, que tendrá a su cargo el diseño de los circuitos administrativos y la gestión de los instrumentos requeridos para la adhesión al sistema. Se prevé la utilización de formularios y declaraciones juradas específicas, así como la difusión de la información a través de canales oficiales.
La APN es un ente autárquico del Estado Nacional que tiene la misión de proteger y conservar los parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales existentes y futuras.
Ajuste en la APN
El programa de retiros voluntarios está dirigido al personal alcanzado por el régimen de estabilidad previsto en la Ley N° 25.164, que cuente con una antigüedad mínima de dos años y cumpla los requisitos específicos del anexo. La medida excluye a quienes estén bajo proceso penal por delitos contra la administración pública, sumario administrativo con riesgo de cesantía o exoneración, medidas disciplinarias pendientes, litigios laborales en curso, beneficios previsionales acordados, renuncias pendientes de aceptación y al personal del Cuerpo de Guardaparques Nacionales. La adhesión implica la renuncia expresa a realizar cualquier reclamo derivado de la relación laboral y la supresión del puesto vacante.
El personal que se adhiera y cuya solicitud sea aceptada recibirá una gratificación extraordinaria única de egreso. Para quienes tengan hasta sesenta años de edad inclusive, el monto por cada año de antigüedad o fracción mayor a tres meses será el 90% de la remuneración bruta mensual. A partir de los sesenta y un años, el porcentaje se reduce al 85%. El cálculo se realiza exclusivamente sobre conceptos remunerativos habituales y permanentes, excluyendo pagos extraordinarios, horas extras y otros rubros similares. El pago de la gratificación se efectúa en dos tramos: un 35% a los quince días del acto administrativo y el 65% restante en dos cuotas mensuales iguales y consecutivas, a partir de treinta días del primer pago.
El monto máximo a percibir varía según la edad: hasta sesenta años, no hay tope; de sesenta y uno hasta sesenta y tres años, el máximo equivale a veinticuatro haberes brutos; a partir de sesenta y cuatro años, el tope es de doce haberes brutos. El beneficio no incluye el proporcional de licencia anual ni el sueldo anual complementario, que se liquidan aparte.
El régimen prohíbe a los beneficiarios reincorporarse al sector público nacional bajo cualquier modalidad durante cinco años desde la baja, salvo para cargos docentes en universidades nacionales.
La adhesión al sistema requiere la presentación de una declaración jurada de inexistencia de reclamos o acciones judiciales o administrativas por cuestiones laborales o salariales contra el Estado Nacional. El plazo para solicitar la adhesión inicia el primer día hábil del mes siguiente a la publicación del acto administrativo y se extiende por treinta días.
La aceptación de la solicitud es facultad exclusiva y discrecional de la APN basada en razones de servicio, criticidad del área y necesidades operativas, y debe resolverse en un plazo máximo de treinta días desde el cierre del período de adhesión. La presentación de recursos administrativos no suspende la decisión ni obliga a su revisión. El proceso está estructurado en cinco etapas, desde el análisis inicial hasta la notificación de la decisión final.