El presidente Donald Trump hizo de la persecución de los inmigrantes (una vez más) uno de los ejes centrales de la campaña que lo depositó nuevamente en la Casa Blanca y ahora apuntó todos sus cañones contra los hijos de los indocumentados.
El mandatario ultraconservador eliminó por decreto el derecho constitucional a la ciudadanía de la que gozan todos quienes nacen en territorio estadounidense. Y la polémica estalló de inmediato. Los fiscales generales de 22 estados de los Estados Unidos presentaron demandas para bloquear la orden ejecutiva firmada por Trump apenas unas horas después de asumir la presidencia el lunes pasado.
Lo que Trump pretende eliminar es una práctica migratoria centenaria que se deriva de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense que garantiza que los niños nacidos en ese país serán ciudadanos independientemente del estatus migratorio de sus padres.
La orden de Trump, titulada «Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense», estipula que ya no se reconocerá la ciudadanía automática a los niños nacidos en suelo estadounidense de padres inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización, siempre y cuando ninguno de los padres sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal.
Batalla legal
La primera demanda, presentada en Massachusetts por una coalición de 18 estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York y California, alega que la orden ejecutiva de Trump viola los derechos constitucionales de miles de niños.
Agrega que ésta «impone costos indebidos» a las jurisdicciones locales que perderían la financiación federal vinculada a los seguros médicos infantiles.
La demanda acusa además a Trump de intentar eliminar un «principio constitucional bien establecido y de larga data».
«El presidente no tiene autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional o una ley debidamente promulgada. Tampoco está facultado por ninguna otra fuente de derecho para limitar quién recibe la ciudadanía estadounidense al nacer», afirma la demanda.
A esta demanda también se sumaron el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco.
Otro grupo de cuatro estados -Arizona, Oregon, Illinois y Washington- presentaron una demanda por separado en Seattle.
Varias organizaciones de derechos civiles y legales también presentaron recursos legales en New Hampshire y Massachusetts, «en nombre de los padres cuyos hijos no serían elegibles para la ciudadanía» bajo la orden ejecutiva de Trump.
Los fiscales generales demócratas y los defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que la cuestión de la ciudadanía por derecho de nacimiento es una ley establecida y que, aunque los presidentes tienen amplia autoridad, «no son reyes».
«Durante más de 150 años, nuestro país ha seguido la misma regla básica: los bebés que nacen en este país son ciudadanos estadounidenses», dijo el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin.
«(Trump) tiene derecho a promulgar una política que considere adecuada para el país», pero «este es un acto extremo y sin precedentes», afirmó Platkin. «Esto no es solo un ataque a la ley. Es un ataque a la esencia misma de esta nación».
Y agregó: «El presidente no puede, con el trazo de una pluma, borrar de la existencia la 14ª Enmienda. Punto».
Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que la medida de Trump «no sólo es inconstitucional, es profundamente peligrosa».