La situación judicial de Manuel Adorni se complica cada día más a pesar del respaldo total que le dieron el presidente Javier Milei y su hermana Karina en la última reunión de Gabinete. A la compra y venta de propiedades, el pago de remodelaciones en efectivo por la casa del country Indio Cuá y los viajes al exterior se le suma un nuevo foco de investigación. La Justicia detectó que el jefe de Gabinete movió fondos a través de criptomonedas cuando se desempeñaba como vocero del Gobierno.
Aunque la cantidad de critpoactivos y fondos que movió se mantiene bajo reserva, los investigadores detectaron que esos movimientos se hicieron durante 2024 y que por eso deberían estar informados en la última declaración jurada que Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción. Pero esos datos no aparecen declarados.
La información de los movimientos cripto ya está en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo que investigan por presunto enriquecimiento ilícito a Adorni. Llegaron a ella luego de que se levantara el secreto bancario y fiscal del funcionario y de que pusieran la lupa en el presunto uso de activos digitales y criptomonedas.
La sospecha inicial era la posible existencia de operaciones vinculadas a billeteras virtuales y plataformas de inversión. Por eso, el fiscal solicitó informes detallados (legajos, movimientos, IP’s de conexión) a plataformas de pago y bancos digitales como Mercado Pago, Brubank, Open Bank, Personal Pay (Micro Sistemas), Digifin (Lemon), Ágil Pagos, Credencial Argentina y Montemar.
En paralelo pidieron información sobre exchanges de criptomonedas. Así fue que a la fiscalía de Pollicita comenzó a ingresar documentación solicitada a más de 20 plataformas (incluyendo Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango, entre otras) para verificar si los investigados (Adorni y su esposa Bettina Angeletti) operaban con activos como BTC, ETH o USDT.
Los datos que llegaron a la Justicia fueron reveladores. Determinaron que Adorni registró movimientos a través de esos activos. Según indicaron fuentes allegadas a la investigación a Clarín, hubo “movimientos de entrada y salida”. La sorpresa fue mayor cuando decidieron cotejar si esos movimientos estaban registrados en las declaraciones patrimoniales presentadas ante la OA. “No hay ningún registro”, afirmaron.
La fiscalía aún aguarda más información de otras billeteras y agentes que operan con criptomonedas a las que se les exigió el envío de datos para así consolidar la cifra de fondos que se movieron a través de este mecanismo.
Los primeros datos exponen movimientos durante el año 2024 y por ese motivo desde la Justicia insisten en que debían estar consignados en sus declaraciones juradas que presenta como funcionario público.
Los últimos números que declaró Adorni y que corresponden al año 2024 dicen que el funcionario tiene 42.500 dólares que al tipo de cambio oficial se volcaron en un equivalente en pesos por 43.732.500,00. A eso se debe sumar una caja de ahorro en Estados Unidos con 6.220,23 dólares. En moneda nacional representan 6.400.616,67 pesos. Los bienes de Adorni según lo que declaró ascienden a 107.894.833,66 pesos.
El funcionario también consignó ante la OA la hipoteca privada con Graciela Molina y Victoria Cancio (madre e hija) que le prestaron en efectivo 100.000 dólares para comprar la casa del barrio privado de Indio Cuá. A ese dinero, el matrimonio Adorni-Angeletti sumó 20.000 dólares para concretar la operación que certificó la escribana Adriana Nechevenko.
Ante todos esos números el interrogante central es si el patrimonio declarado se condice con la escrituración de las propiedades que compró: la de Indio Cuá y el departamento de Miró. Ambas fueron remodeladas por completo con pagos que se hicieron en efectivo. También si pudo pagar los viajes a Aruba, Punta del Este y Bariloche, entre otros. En esencia, lo que busca la Justicia es si su patrimonio guarda correlación con los ingresos como funcionario público.
El jefe de Gabinete aseguró esta semana que todo quedará clarificado cuando se conozca su última declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025.
Como contó Clarín, hay una serie de fechas bajo estudio que no condicen -por el momento-, con los números declarados ante el organismo oficial. En ese marco, Adorni aseguró dos cosas: que las cifras proporcionadas por el contratista Tabar ante la justicia, no son reales y que tienen todos los “papeles en orden”. El contratista declaró como testigo y bajo obligación de decir la verdad que el jefe de Gabinete le pagó 245.000 dólares en efectivo y sin factura para refaccionar la casa en el country
Cómo sigue la investigación
Con todos los datos que hasta ahora junto el fiscal Pollicita, avanza en el estudio de la documentación bancaria, fiscal y vinculada a las operaciones inmobiliarias que diversos organismos públicos remitieron por orden judicial. Eso incluye todas las operaciones vinculadas a los viajes al exterior que son parte de la causa
La pregunta que se hace el fiscal es si Adorni puede justificar la cantidad de fondos que uso para viajar y comprar bienes. En menos de un año logró comprar dos propiedades, refaccionarlas por completo, hacer muebles a medida y realizar una decena de viajes al exterior.
Algunos de los números extraños que aparecen en la causa son los 4.800 dólares que costó el viaje de ida a Punta del Este en un vuelo privado, los 5.140 dólares con los que se cubrieron los gastos de la pareja del funcionario en su viaje de regreso de Nueva York a Buenos Aires, los 5.800 que se pagaron en efectivo para realizar el viaje a Aruba el 29 de diciembre de 2024. Además de 8.900 que se desembolsaron para la hotelería en dicho destino.
A estos números que fue acumulando la fiscalía en función de la documentación requerida vía oficio judicial, sumadas las diversas declaraciones testimoniales, debe adicionarse los 245.000 dólares que Matías Tabar -el contratista de la casa de Indio Cuá-, señaló bajo juramento de decir verdad, que demandaron las remodelaciones efectuadas.
A la fecha, los números indican que en poco más de un año, el jefe de Gabinete movilizó 349.640 dólares. Según fuentes judiciales, esa tenencia como la aplicación de esas divisas, “carecen del respaldo financiero correspondiente, no hay bancarización, ni documento que indique cómo se adquirieron ni facturas sobre el uso de las mismas”.
Para profundizar en tal aspecto, el representante del Ministerio Público Fiscal, busca determinar si esos fondos aplicados a inmuebles y viajes al exterior se encuentran debidamente justificados en contraste con la declaración jurada de bienes que se presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) a mediados de 2025 y que corresponde al período fiscal que concluyó el 31 de diciembre de 2024.
Fuente: Clarín