El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aclaró hoy que la audiencia celebrada ayer en el Congreso que contó con la presencia de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes denunciaron persecución, aprietes y censura de parte de la Justicia y del Gobierno, no fue una reunión formal de comisión sino “un encuentro informal” impulsado por la oposición con una “finalidad política” y de “promoción mediática”.
“Ante las imprecisiones informativas en relación al carácter de la reunión del día de ayer celebrada en dependencias de la Cámara de Diputados de la Nación a la cual concurrieron periodistas y otros invitados, se debe aclarar que NO SE TRATÓ DE UNA REUNIÓN DE COMISIÓN, sino de un encuentro informal, como tantos otros que se efectúan por pedido de algún legislador, quienes suelen solicitar la facilitación de un espacio físico para diversos fines”, explicó en su cuenta de la red social X.
El riojano detalló que “no hubo citación reglamentaria, no contó con el soporte administrativo de los empleados de la Dirección de Comisiones, no incluyó proyectos ni temario bajo debate parlamentario, ni concluyó con dictamen o resolución de ningún tipo”.
“Entendemos la necesidad de cobrar protagonismo por parte de algunos actores que añoran antiguos privilegios que hoy no se ‘pautan’ y que con desconocimiento o mala intención, pretenden invocar representaciones que no invisten o asignarle el rótulo de reunión de comisión a un evento con finalidad política o de promoción mediática que no reviste formalidad reglamentaria alguna”, concluyó.
Rial y Federico fueron convocados el martes por el vicepresidente de la comisión de Libertad de Expresión, Christian “Chipi” Castillo (Frente de Izquierda), cuerpo que estuvo clausurado durante más de un año por disposición de su titular, la libertaria salteña María Emilia Orozco, pese a los reiterados pedidos para que abriera ese ámbito de trabajo.
La convocatoria a los dos periodistas, que son quienes venían compartiendo con la audiencia los audios proporcionados por sus propias fuentes, se desencadenó a raíz del fallo de la justicia que hizo lugar a una cautelar para evitar que se siguiera filtrando material sensible vinculado a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Durante su intervención, Rial denunció una campaña de “persecución con el aparato del Estado”, y puso como botón de muestra la denuncia formal del Ministerio de Seguridad y el pedido a la Justicia de medidas tales como allanamientos de los domicilios y secuestros de teléfonos.
El ex conductor de Gran Hermano señaló que el viernes pasado un automóvil Falcon se estacionó en la puerta de su casa para intimidarlo.
No obstante, aseguró que “lejos de callarlo”, seguirá publicando el material que tiene en sus manos junto a Mauro Federico e Ivy Cangaro, el cual dejaría al desnudo distintas maniobras de corrupción política de este Gobierno.
Federico, por su parte, negó tener conexiones con servicios de inteligencia rusos o venezolanos, como le endilgaron desde el oficialismo, y con lágrimas en los ojos y la voz quebradiza, reivindicó su trabajo periodístico.
“Nunca negociamos una información porque nosotros no vendemos silencio. El negocio nuestro es la información y construimos noticia. A eso nos dedicamos”, indicó.
“Nuestro objetivo es poner en relevancia que este Gobierno construyó una organización para destruir el sistema de asistencia los discapacitados. Lo destruyeron e hicieron negocios con el dinero para personas con discapacidad”, cargó.
Desde el Gobierno instalaron la versión de que los audios filtrados de Karina Milei y de Diego Spagnuolo son el producto de una operación de espionaje clandestino orquestada por el kirchnerismo para ensuciar al gobierno y manipular el ánimo social en la antesala electoral.