La jornada de este miércoles fue histórica para México, dado que la Suprema Corte de Justicia de ese país falló a favor de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a nivel nacional, lo que impide que las mujeres que se sometan a esta práctica sean penalizadas, de la misma manera que aquellos profesionales de la salud que la realicen.
Tras la aprobación de un recurso de amparo presentado por la organización feminista mexicana Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) para «eliminar el delito de aborto» del Código Penal Federal (CPF), «todas las mujeres y personas con capacidad de gestar podrán acceder a servicios de aborto en cualquier institución federal de salud».
De esta manera, se derogan los artículos 330, 331, 332, 333 y 334 del CPF, que sancionaban con prisión a las mujeres que abortaban en 20 de los 32 estados del país, dado que en 12 departamentos ya se encontraba despenalizado el aborto. La primera ley de despenalización del aborto en el país fue aprobada por la Ciudad de México en 2007, a los que se le sumaron Oaxaca, Hidalgo, Coahuila, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo y Aguascalientes.
Los artículos mencionados anteriormente imponían hasta hoy una pena de prisión, de seis meses a cinco años, a la mujer o la persona con capacidad de gestar que decidiera voluntariamente interrumpir su embarazo; de igual manera, la inhabilitación de dos a cinco años para el personal de salud y las parteras.
Como se trata de normas de carácter penal, la sentencia tendrá efectos retroactivos en beneficio de las procesadas o sentenciadas por este delito.
Con esta normativa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y cualquier institución de salud federal deberán brindar el servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten.