El 8,8% de inflación de abril es una muy buena noticia. Y, por más que sea casi la única que el gobierno puede ostentar hasta aquí, al menos en materia económica, es doblemente importante porque augura otras buenas nuevas por venir: el índice volverá a bajar en el mes en curso y es muy probable que siga esa dirección en los siguientes, hasta perforar una nueva meta que el gobierno se ha impuesto, la del 5% mensual.
Porque la confianza que se ha ganado el equipo económico en estos meses dependió, en gran medida, de haberse dado metas, pero no plazos. O, al menos, ser ambiguos con estos últimos, no fuera a ser que, por exagerar en la dosis de optimismo que todo funcionario tiene que saber administrar, perdieran credibilidad por crear expectativas que no se pudieran satisfacer, y terminar entonces dando explicaciones por supuestos fracasos.
Manejar los tiempos
En una situación tan compleja como la que enfrenta el gobierno, con un manejo tan acotado del poder como el que ha conseguido, y teniendo que lidiar con un montón de variables que no controla, o controla muy parcialmente, le resulta por demás conveniente manejar los tiempos de la forma más laxa o ambigua que sea posible. Aun al precio de realimentar, en cierta medida, los problemas de incertidumbre.
Es lo que también han estado haciendo con la otra cuestión absolutamente parametral y potencialmente explosiva que tienen que resolver en materia económica: la liberación del cepo.
Desde la elección, vienen diciendo que lo van a levantar, pero sigue siendo un asunto demasiado espinoso y peligroso como para atarse a un cronograma, siquiera una secuencia de pasos. En parte porque no han conseguido todo el apoyo externo que esperaban. Lo que cabe atribuir, a su vez, a un crawling peg que está retrasando el tipo de cambio, y que el Fondo Monetario quisiera se deje de lado cuanto antes. Algo que el Gobierno, ha quedado del todo claro, no va a hacer al menos hasta que la inflación termine de ponerse en caja.
Podrían sumarse otros varios ejemplos de relajamiento o lisa y llana suspensión de plazos previamente autoimpuestos, que han afectado también la corrección de precios relativos: el retiro de subsidios y la actualización de tarifas, demorados en varios rubros, la contención e incluso reversión de aumentos por parte de las empresas de salud, la demora en aplicar subas de impuestos a los combustibles, etc.. En todos estos casos hemos visto cómo, en los últimos meses, los funcionarios se desdecían alegremente, y sacrificaban plazos, para lograr mejores objetivos en un único y exclusivo terreno, el combate de la inflación.
Una tarea imposible
Y tuvieron siempre buenas razones para actuar así. Finalmente, corregir todas las distorsiones de precios heredadas en tres o cuatro meses hubiera sido imposible, debieron saberlo desde el principio. Si además, y al mismo tiempo, redujeron al máximo el plazo en que era factible equilibrar las cuentas públicas, porque ya en enero lograron superávit fiscal, ciertas dilaciones en otros campos no iban a afectar, y en efecto no lo hicieron, sus credenciales: que el gobierno de Milei se caracteriza por su predilección por las medidas de shock más extremas es algo ya absolutamente establecido, que ninguna ida y vuelta en algún asunto particular va a poder desmentir.
Siendo esto así, se entiende aún menos, salvo como un error evitable, la lógica que llevó al presidente a anunciar el Pacto de Mayo y, peor aún, atar su concreción a la previa aprobación de la nueva Ley Bases y el paquete fiscal.
Dos iniciativas muy complejas, que afectan infinidad de intereses tanto de la política como de la sociedad, y que ya habían enfrentado dificultades en el Congreso durante el verano, cuando su tratamiento se extendió más de lo previsto y finalmente se frustró: también entonces el Ejecutivo empezó limitando muy estrictamente el plazo disponible para conseguir acuerdos, fines de enero, y tuvo que ceder a la inevitable extensión de las tratativas, ¿por qué lo hizo de nuevo?
El error de Milei
A principios de marzo, cuando el presidente anunció este nuevo plazo, hasta el 25 de mayo, para la tramitación de un acuerdo político con el Congreso y los gobernadores, pudo parecer que se daba ahora un tiempo más extenso y “prudencial”, suficientemente extenso como para limar las resistencias, y no demasiado como para que su iniciativa se diluyera.
Pero si pensó así se equivocó. Y les regaló a sus contrapartes en esta negociación, y también a sus adversarios, un buen instrumento para apretarlo: “Si lo quieren rápido, cedan” ha sido el argumento que muchos legisladores de la oposición moderada usaron frente a los representantes del Ejecutivo, y en dilatar el trámite consistió la principal apuesta del kirchnerismo.
En otro terreno, la disponibilidad de fórmulas alternativas para llegar a la mayoría, los negociadores oficiales han aprendido muy bien la lección, tras lo padecido en las sesiones extraordinarias, y se ocuparon de mantener todas sus opciones abiertas: para no volver a ser víctimas de la extorsión de quienes se colocan en el fiel de la balanza entre oficialismo y oposición, volviéndose la única opción para formar mayoría, y elevando entonces al máximo el precio a pagar por su apoyo, los delegados de Milei vienen trabajado hábilmente para aumentar todo lo posible el número de actores disponibles para cumplir ese rol. En el Senado, por caso, además de a los radicales, tienen a mano a representantes de provincias no alineadas, como los misioneros, a varios legisladores sin tierra, que no responden a ningún gobernador, e incluso a algunos integrantes de los bloques kirchneristas, que podrían terminar ausentándose o absteniéndose.
Con todo, para que ese juego funcione a favor de las necesidades del oficialismo, y las leyes salgan sin demasiados cambios, y sin tener que pagar por ellas con enormes partidas de recursos fiscales, es preciso que él disponga de tiempo. Y es justamente el tiempo lo que, en las últimas semanas, cuando se ingresó en la fase decisiva de este trámite, le empezó a escasear. Por haberse impuesto un plazo que se volvió cada vez más incumplible. Ahora el presidente finalmente advirtió el problema, y admitió implícitamente su error: primero dio a entender que el Pacto de Mayo podía pasarse a “a junio o julio”, y luego que se hará este 25, sin necesidad de esperar la aprobación de las leyes. No está mal, demostró cierta flexibilidad y que algo aprende de sus errores: en febrero pasado por algo tan menor como esto terminó pateando el tablero.