El Gobierno nacional estableció pautas y prioridades que regirán para la selección de obras y proyectos el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) durante el período 2027-2029.
El objetivo de la medida es organizar el gasto de capital y asegurar que los recursos del Estado se asignen a iniciativas que ya están en curso o que ofrecen beneficios estratégicos para la estructura económica del país.
Así lo determinó la Resolución Conjunta 19/2026, firmada por la Secretaría Ejecutiva de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial y que procesó la Agencia Noticias Argentinas.
La normativa define dos categorías principales para la selección. En primer lugar, se dará absoluta prioridad a los proyectos iniciados que se encuentren actualmente en etapa de ejecución.
Para las nuevas obras que pretendan incorporarse, se evaluará que tengan impacto positivo en la generación de empleo, promuevan las exportaciones, ayuden a mejorar la balanza energética o potencien el desarrollo tecnológico nacional.
Para que un proyecto nuevo sea considerado, el texto oficial exige que las propuestas «cuenten con Informe de Calificación Técnica vigente emitido por la Dirección Nacional de Inversión Pública».
Además, los organismos responsables deben haber informado previamente los estudios de prefactibilidad o factibilidad técnica correspondientes ante dicha dirección.
Respecto al financiamiento, el Gobierno definió que se preferirán aquellas iniciativas que «cuenten con financiamiento externo proveniente de operaciones de crédito en ejecución» o que estén en proceso de preparación con el aval de la Secretaría de Finanzas. Esta condición busca garantizar la viabilidad económica de las obras mediante el uso de créditos internacionales ya otorgados.
La resolución aclara que este esquema de priorización funciona como un ordenamiento de la información del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN) y no implica una asignación automática de fondos.
Según establece la normativa, el primer año de este plan «deberá coincidir con el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional» que se envía anualmente al Congreso de la Nación, asignando los mismos fondos y fuentes de financiamiento.
Según los considerandos, la medida responde a la necesidad de actualizar permanentemente el inventario de proyectos y adaptar el plan al avance efectivo de las obras y a las condiciones de financiamiento del sector público nacional.