En julio volvió el déficit financiero, por $600.000 millones, y por eso es clave para el gobierno avanzar con las privatizaciones de empresas públicas.
Pero la distancia política entre el presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri también talla en esta delicada cuestión.
Es uno de los temas sobre los que Macri lanzó críticas en los últimos días. El macrismo presiona para ser escuchado y se queja porque presentó propuestas en ese sentido y Milei no las tuvo en cuenta.
El expresidente alertó sobre la “falta de equipos” en el Gobierno, los problemas en la implementación de políticas públicas y en el círculo presidencial más íntimo. “Todo lo que pudimos ayudarlo (al Presidente) fue a pesar de su entorno”, lanzó Macri en su discurso de relanzamiento del PRO.
Se refería a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y a Santiago Caputo, asesor y estratega del jefe de Estado.
Fuentes del macrismo dicen que sobre todo apuntó a Caputo.
Macri cree que Milei tiene “buenas ideas e intenciones”, pero le falta “experiencia” para implementarlas. Es una forma de criticar la gestión.
Asegura que el PRO cuenta con cuadros técnicos y nombres experimentados para formar equipos y darle dinamismo al Gabinete. Es en ese marco que insiste sobre la necesidad de mejorar en la administración de áreas como transporte y la hidrovía.
En cuanto a la hidrovía, Macri estaba al final de su Gobierno (2015-2019) próximo a adjudicar la licitación de la concesión a un privado.
El contrato vencía en 2021 y debía renovarse. Juntos por el Cambio perdió las elecciones presidenciales con el Frente de Todos y esa idea se desvaneció. Ya como presidente, Alberto Fernández discontinuó aquella adjudicación y decidió estatizar el servicio. No sólo eso, sino que también incluyó a algunas provincias en la gestión.
Incluso, se deslizó desde sectores del PRO que hubo gestiones para que se adjudicara la concesión a una empresa holandesa experta en dragados. “Es que no hay miles de firmas especializadas en el tema, deben ser cinco a nivel mundial”, explicó un dirigente del macrismo que conoce esa área. No obstante, es algo que el Macri nunca afirmó en público. Sí ha señalado la necesidad de reactivar la gestión, avanzar en la licitación y darle dinamismo al servicio.
Milei decidió correr a las provincias del manejo de la hidrovía. Así como también dispuso un aumento de cerca del 65% del peaje que abonan los casi 4.500 buques que transitan esa vía navegable.
Sin embargo, continúa bajo la responsabilidad de la Secretaría de Transporte, que lidera Francisco Mogetta (ligado al cordobesismo de Juan Schiaretti), a través de la Administración General de Puertos, a cargo de Gastón Alejo Benvenuto.
“Teníamos el pliego ya hecho porque venía el vencimiento del contrato en un supuesto segundo mandato. Lo seguimos actualizando y le dijimos a este Gobierno: ‘Ahí está el pliego, sigan trabajando’”, declaró Macri, y explicó que “el beneficio de la privatización no es para el Pro, sino para los productores. Pero todavía no termino de entender por qué no lo adoptan. No les decimos que queremos lugares en las listas, no les hemos propuesto ni un ministro”.
La hidrovía, el canal más extenso y determinante para la producción argentina y el comercio exterior del país, es una vía fluvial de 3.400 kilómetros que permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia Paraguay y Uruguay. Incluye, entre los puntos más relevantes, la zona Rosafe, clave para la producción y exportación del sector agrícola.
Otro de los puntos donde Macri enfoca la crítica es el área de transporte. El expresidente asegura que Milei le pidió que le armara un equipo para Vialidad.
El jefe del PRO se comunicó con Guillermo Dietrich, exministro de Transporte, y Javier Iguacel, extitular de Vialidad durante el macrismo.
Milei instruyó a Santiago Caputo para seguir el tema. A principios de año, el asesor presidencial mantuvo una serie de reuniones con el propio Macri. Luego, recibió a Dietrich, por un lado, y a Iguacel por el otro. Ambos le presentaron una propuesta para gestionar Vialidad. El tiempo pasó, no hubo respuesta y el tema quedó en la nada.
La posición de Macri
No todo quedó ahí. El macrismo pretende avanzar con la privatización de los corredores viales que estatizó el kirchnerismo.
El expresidente busca excluir al propio Milei de las críticas que hace y apunta los cañones a Santiago Caputo.
“Cuando ves mucha de la gente que elige Caputo, son personas con un perfil distinta a la que proponemos. Santiago toma a gente más del peronismo”, dicen cerca del macrismo.
En este escenario, el DNU 70 diseñado por Sturzenegger y el secretario de Energía, Eduardo Chirillo, ordenó transformar todas las empresas del Estado en Sociedades Anónimas. «Seguramente salgan luego leyes puntuales sobre otras empresas a privatizar», dicen en un buffet de abogados.
Por otra parte, la discusión de los tiempos (y cargos) genera tensiones. «Lo que hay que hacer en empresas que no son viables es cerrarlas», disparó Mauricio Macri el mismo día de la reglamentación. Macri tiene funcionarios de su riñón en ministerios y empresas, como AYSA y NASA, la operadora de Atucha I, Atucha II y Embalse.
Teniendo en cuenta todas estas variables, Luis Caputo avanza más en el control de la política económica. Los otros hombres de Caputo que intervienen en el RIGI son el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el de Producción, Juan Pazo, y el de Comercio, Pablo Lavigne. Su radio de decisiones incluye al Banco Central, transporte, infraestructura, industria y el área energética. En esta última, desembarcó Daniel González como secretario coordinador de Energía y Minería.
Caputo niega ser un superministro, pero se le parece cada vez más. Sabe que en los próximos meses los aciertos serán capitalizados por él y Milei, pero también sufrirán los episodios negativos.
Por eso destaca que no haberse apurado en el levantamiento del cepo permitió capear el temporal de la crisis global de los mercados del lunes último.
Por ahora es todo suma para el inventario del jefe de Economía. Un área que se convirtió en una silla eléctrica para sus ocupantes durante buena parte de los gobiernos de los últimos 40 años. Caputo asegura que no repetirá esa historia.
Por eso, mientras lidia con los mercados y la necesidad de reservas, busca avanzar con esa pata clave del plan para mejorar las cuentas públicas: la privatización de empresas en manos del Estado.
Los próximos pasos.
El próximo paso en materia de privatizaciones lo tomará el Ministerio de Economía, donde funciona la Agencia de Transformación de Empresas del Estado, a cargo de Diego Chaher.
Pero hay más de 30 empresas estatales que quedaron fuera de las privatizaciones. Según un informe de la Fundación Pensar, que preside Mauricio Macri, esas empresas tuvieron un déficit operativo de casi $400.000 millones en 2023. Por eso el macrismo pide no perderlas de vista.
Antes de este gran paso, la primera privatización de la era Milei ya venía en marcha y se definirá hacia mediados de septiembre. Se trata de la metalúrgica IMPSA, que estuvo en la órbita estatal los últimos tres años.
IMPSA, que tiene un siglo de historia, llegó en su apogeo a exportar tecnología a decenas de países, pero actualmente se encuentra muy endeudada, ya que debe renegociar un pasivo de u$s 500 millones.
Una de las principales razones de su endeudamiento es que Venezuela nunca le pagó una deuda que ronda los u$s 300 millones, por un negocio cerrado durante el kirchnerismo. Todo indica que su nuevo dueño será la compañía estadounidense ARC Energy, líder en el sector de equipamiento para oil & gas, que ya hizo una propuesta concreta, solo que pidió hasta mediados del mes próximo para brindar detalles sobre cómo sería el proceso de capitalización.
Por otra parte, las empresas sobre las que se analizarán las privatizaciones serán Energía Argentina (Enarsa), Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Pero además, aquellas que no entraron en ese listado pueden facilitársele la privatización si es que pasan a ser Sociedades Anónimas y dejan de ser Sociedades del Estado.
Desde el círculo del ministro Federico Sturzenegger, indicaron que la reglamentación ya permite cambiar las formas societarias de las empresas públicas en base a un mandato que ya estaba en el DNU 70.
Esta legislación indica que «la liquidación solo podrá llevarse a cabo cuando el Estado Nacional sea titular de la proporción de capital legal o estatutariamente requerido para ello, o alcanzando las mayorías necesarias, mediante el consentimiento de otros titulares de capital».
En la letra chica de las privatizaciones, el Gobierno decidió que el área de la que dependa cada una de las empresas estatales deba brindarle un informe al Poder Ejecutivo Nacional y, previamente, a la Agencia de Transformación de Empresas del Estado, que dirige Diego Chaher, un funcionario clave que responde a Caputo, y de manera informal al asesor presidencial Santiago Caputo.
¿Qué información debe incluir el informe? Si la privatización será total o parcial y por qué se hará. También deberá indicar qué otros procedimientos alternativos se prevén. Esto puede incluir desde la transferencia de la titularidad, hasta constituir una sociedad, reformar los estatutos societarios, disolver los entes jurídicos, negociar la extinción de una concesión y efectuar enajenaciones de diversos tipos, entre otros.
También se deberá especificar cómo será la modalidad de privatización: puede ser desde una venta de los activos, la puesta en venta de las acciones o cuota partes del capital social, una locación con o sin opciones de compra o una concesión. Por otro lado, se especificará cómo será el procedimiento de selección de quienes quieren comprar o concesionar las empresas y en qué plazos se decidirá.
Por otra vía aparte, ese informe deberá ser remitido a la Bicameral del Congreso que tiene el seguimiento de las privatizaciones, que todavía no está constituida en su totalidad: según confirmaron fuentes cercanas al presidente de Diputados, Martín Menem, esa conformación no será prioridad inmediata para el oficialismo y se buscará avanzar primero con la Ley Hojarasca.
Una vez que Milei autorice las privatizaciones, saldrá en el Boletín Oficial un aviso para que los oferentes puedan conocer las condiciones. En el reglamento también incluyen un apartado para «procedimientos de selección internacionales».
Desde el Gobierno indican que varios de los sondeos informales que llegaron proceden del exterior. Y creen que el régimen para grandes inversiones será determinante para que más compañías internacionales se animen a venir a la Argentina.