En el último día del año, el Gobierno estableció restricciones para la contratación de personal en el Sector Público Nacional a partir del 1 enero. Mediante un decreto el Ejecutivo argumenta que busca «garantizar el ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional», en un contexto de «motosierra profunda» que el propio Javier Milei confirmó días atrás.
Esta medida se enmarca en la emergencia pública económica, financiera y administrativa declarada previamente. Se fundamenta en el texto que el objetivo es el «mantenimiento de una planta de personal que se adecúe razonablemente a las estructuras y necesidades del Sector Público Nacional».
El decreto lleva la firma del presidente y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quienes de esta manera prohíben nuevas designaciones y contrataciones en las jurisdicciones y entidades públicas, incluyendo plantas transitorias, contratos autónomos y designaciones permanentes o temporales.
Se aclara de todos modos que «los límites establecidos no deben ir en desmedro de la posibilidad de realizar designaciones y contrataciones de personal cuando respondan a necesidades estratégicas para el funcionamiento del Sector Público Nacional»
A propósito, se establecen excepciones para sectores estratégicos como el sistema científico-tecnológico, universidades, fuerzas de seguridad, servicios de salud esenciales y programas que cumplen con el cupo de discapacidad. También se exceptúan las prórrogas de contratos vigentes y los procesos de movilidad interna en la administración pública.
Para las contrataciones no contempladas en estas excepciones, se permitirá realizar un alta por cada tres bajas, como resultado de renuncias, jubilaciones o desvinculaciones. Estas incorporaciones deberán ser validadas por la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público. Las entidades que hayan realizado procesos de racionalización de personal podrán solicitar excepciones, justificando necesidades estratégicas y con la aprobación de las autoridades competentes.
En estos casos, los aspirantes a ingresar al servicio público nacional deberán aprobar la Evaluación General de Conocimientos y Competencias que el Gobierno ya comenzó a implementar.
El decreto también insta a las empresas y fondos fiduciarios estatales a implementar medidas similares en sus respectivos ámbitos. La norma entrará en vigencia el 1° de enero de 2025 y será la Secretaría de Transformación y Función Pública la encargada de dictar las disposiciones complementarias necesarias.